A precio justo: ¿función económica o herramienta electoral?, @jessalexis11

1212 Precio justo

Jesús Alexis González, 15/11/2013

Nos permitimos un previo: el título del artículo no contiene ingenuidad pero si el interés por aclarar algunos conceptos. Conceptualizar precio justo ha ocupado un largo espacio en la historia económica, siendo que hace más de 4.300 años ya existía el control de precios que fue luego tratado con rigor científico desde Carlomagno, Rey de Francia, en el año 884 y relevantemente Tomás de Aquino (1226-1274) quien reconoció que el precio justo no se puede determinar con precisión, pasando por John Mayor (1469-1550) quien expresó que el precio justo correspondía al costo incluyendo la ganancia normal y la compensación por riesgo; hasta Martin Azpilcueta (1493-1587) opositor a la regulación de precio al considerar que era innecesario cuando había abundancia e inefectiva o dañina cuando había escasez. En la actualidad aún la teoría económica dice muy poco sobre precio justo, a la par de mencionar la dificultad que representa fijar un precio caso a caso en cada compra-venta; en lo atinente a Venezuela desde el año 1958 se vienen estableciendo controles de precio y en 2003 se estableció un control de precio para 103 productos de la canasta básica, para luego aprobar en 2004 la Ley del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (Indepabis), luego de 7 años (14/07/2011) se promulgó vía Ley Habilitante la Ley de Costos y Precios Justos (LCPJ) mediante la cual se intentaría establecer las reglas para la estructura de costos de los bienes; posteriormente en 2013 se crea el Órgano Superior para la Defensa de la Economía en aras de asumir directamente la responsabilidad de garantizar el abastecimiento de productos; actualmente se tiene previsto, de nuevo vía Ley Habilitante, promulgar una ley para el control de precios y ganancias, en un país ya repleto de controles que nos ha llevado a ocupar este 2013 la posición 174 de 177 países en el Índice de Libertad Económica superando sólo a Zimbabue, Cuba y Corea del Norte. Tal escenario refleja que en el período democrático que nace a partir de 1958 con inflexión en 1998 se ha despreciado al mercado y la función económica del precio, entendido esto último como el monto de dinero asignado a un producto o servicio, teniendo como funciones principales ser regulador de la producción y regulador del uso y disposición de los recursos económicos.

Es de resaltar que con la LCPJ el Estado pretende tener un control sobre los costos, incluida la amortización (activos intangibles) y la depreciación (activos fijos); cara a tal pretensión aspiran abarcar cada una de las miles de empresas (Misión Imposible) las cuales en promedio utilizan un Catálogo de Cuentas contentivo de 8 Cuentas Principales, 119 Subcuentas y 395 Cuentas auxiliares hasta aproximarse a las 500 en total, con el agravante de existir diferencias entre las empresas aunado al hecho que en su mayoría otorgan relevancia a la contabilidad tributaria sobre la contabilidad de costos. Todo este desconocimiento técnico en materia de estructura de costos, no contuvo al Gobierno para aplicar (coercitivamente) este noviembre 2013 una rebaja lineal de precios de 40% en promedio, dando por cierto que todos los comerciantes obtienen “ganancias anormales” (que sin duda existen), soslayando por una parte, la carga fiscal que las afecta dentro de un rango del 30% al 52% de los ingresos brutos, a la luz de la existencia de 22 impuestos y contribuciones; y por la otra sin distinguir lo relativo al margen de ganancia (diferencia entre el costo y precio de venta), que en un primer momento se denomina Margen de Contribución Bruta que al deducirle los gastos operativos y cubrir los impuestos se obtiene el Margen de Ganancia Neto. Desde otro ángulo vale aclarar lo que es especulación en economía, la cual puede definirse como el conjunto de operaciones comerciales destinadas a obtener un beneficio económico, basándose en las variaciones de precio en el tiempo; tal definición nos permite afirmar que todos, como consumidores, como productores o como inversionistas somos especuladores ya que actuamos racionalmente inducidos por la volatilidad e inestabilidad de los precios (el problema de fondo) y por nuestra visión de su comportamiento futuro. En lo específico de los acontecimientos que se observan en este conflictivo noviembre 2013 pareciera coincidir con aquel adagio: si los precios suben es mejor (electoralmente) que la culpa sea de otros.

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