La Deslegitimación por el desempeño anticonstitucional de la Asamblea Nacional 2011 – 2013, Parte II, Jesús González B.

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Los inquisidores, las heridas de Dávila y Borges y la golpiza de un diputado suplente oficialista

Por Jesús González Briceño, 25/10/2013

Mensaje con Destino: Su génesis espuria ha sido confirmada por su actuación arbitraria.

Los presidentes oficialistas de la AN (Asamblea Nacional) no han cejado en su hostigamiento contra los diputados opositores por vías judiciales o por compra de conciencia y así lo dejó entrever Diosdado Cabello cuando se juramentó como su presidente el 5 de enero de 2012 cuando expresó”… hasta que logremos que el poder popular, el verdadero poder del pueblo, se imponga en todo el territorio nacional“, reforzaba su empeño en socavar las bases del parlamentarismo democrático e independiente, y de su mismo partido al tratar de imponer el subyugamiento de las conciencias de los parlamentarios que ha resquebrajado la institución parlamentaria. En efecto, la expulsión del Psuv del gobernador del estado Monagas, J.G. Briceño, su acoso y persecución y confiscación de sus bines, junto a su familia, originaron la separación de los diputados Nelson Rodríguez Parra, Jesús Enrique Domínguez y María Aranguren del Psuv, creando su propia fracción parlamentaria “Monagas Patriota”, tras el rechazo de ecocidio petrolero del rio Guarapiche y sus desastrosas consecuencias para la población  de Maturin y sus alrededores, en marzo de 2012. Hoy en día buscan afanosamente de convencer pecuniariamente a la Sra. Aranguren para que vuelva a su redil, pero su fracaso los conduce al próximo allanamiento de su inmunidad parlamentaria para sustituirla por su suplemente Carlos Flores que parece haber ya convenido, (¿secuestrado o protegido?) para lograr el diputado 99 de la A.N para aprobar la habilitante a Maduro, lo que no se explica si ya lo hicieron con el diputado Richard Mardo, violando  la Constitución y el Reglamento Interno de Debates de la A.N.

Tal conflictividad y despelote parlamentario es producto de un reacomodo estratégico con la deserción en septiembre del año pasado de Wilian Ojeda al que ahora cabe vale preguntarle ¿cuánto vale un diputado?; y las deserciones de los diputados suplentes Ricardo Sánchez, Carlos Vargas y Andrés Avelino Álvarez, los dos primeros suplentes de los diputados de María Corina Machado y Edgar Zambrano, respectivamente, sobre los cuales pende la espada de la justicia revolucionaria de Cabello quien ya los tiene sentenciados de antemano. Para fines de octubre  de 2012 también había desertado de la MUD Jesús Paraqueima por no salir beneficiado con la candidatura de gobernador del estado Anzoátegui y el poder convincente de los billetes verdes norteamericanos. El otro que salto la tranquera (se separó de la MUD) fue Hernán Núñez, en febrero pasado, con lo cual el PSUV y la fracción parlamentaria roja del oficialismo está cuadrando los números para aprobar la solicitud de ley habilitante a que aspira el presidente Maduro (E), el 8 de octubre pasado, con lo cual se conseguiría el diputado 99, con las consecuencias posteriores ya previstas, y con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de Juan Carlos Caldera, María Corina Machado, y en total de 16 parlamentarios opositores ( Andrés Velásquez, Gustavo  Marcano, José González, William Dávila, Luis Barragán, Juan García Meneses, Gregorio Graterol, Gregorio Contreras, etc.) por corrupción administrativa y otros delitos, se desmantelaría la fracción parlamentaria y los liderazgos regionales opositores para la consecución de una hegemonía total.

La ausencia del presidente Chávez desde el 10 de diciembre pasado y su manipulación mediática y opacidad informativa del gobierno, dio lugar a las sentencias interpretativas del TSJ sobre la toma de posesión del presidente reelecto que no es algo imprescindible  ya que se puede juramentar cuando cese la causa sobrevenida ante  la Asamblea Nacional (art.231), como tampoco existe falta absoluta (art 233) porque se trata de  una continuidad administrativa, ni falta temporal (art 234), además de que la prohibición de ser elegido presidente de la república  de carácter taxativa del artículo constitucional 229 no es aplicable al Vicepresidente Maduro (por supuestos de incompatibilidad) y no está obligado a separarse del cargo durante el proceso electoral  para la elección del  presidente de la República; y una vez declarada la muerte del presidente reelecto, el 8 de marzo, el Vicepresidente Ejecutivo deviene Presidente Encargado, cesa en su cargo anterior, y se debe convocar a una elección universal, directa y secreta, cuya fecha es establecida posteriormente para el 14 de Abril por el CNE. Todas estas decisiones del máximo tribunal han sido consideradas írritas por su desapego a la normativa constitucional, por parte de expertos constitucionalistas nacionales y extranjeros

Los hechos posteriores como la realización fraudulenta de las elecciones presidenciales del 14A, la apresurada proclamación el día inmediato y la juramentación de Nicolás Maduro ante la Asamblea (19 de abril) como presidente, originó las protestas y desconocimiento de la oposición democrática y del candidato Capriles alegando una masiva violación de todo el proceso comicial con la introducción de recursos de impugnaciones, los cuales fueron rechazados por la Sala Constitucional, el 5 de agosto siguiente, alegando conceptos ofensivos contra el TSJ y otras causales que no se compadecen con los alegatos del pliego de tales los recursos.

Toda vez consolidada la elección de Maduro calificada de espuria, los diputados oficialistas encabezados por su presidente, la Fiscal General y la máxima instancia judicial, han practicado un tenaz y aberrante abuso de poder, persecución y criminalización a los parlamentarios y líderes opositores, a los tres gobernadores de la MUD y exgorbernadores, en su intento de descalificarlos ante la opinión pública, acusándolos de corruptos, fascistas, saboteadores de la gestión gubernamental y desestabilizadores. El acoso, las amenazas y los epítetos de toda clase  han conformado un coro de acusaciones y desprestigio del gobernador Capriles hasta considerarlo el autor intelectual de la masacre gubernamental contra las protestas estudiantiles del 14 de abril cuando, al contrario, hizo un llamado a los estudiantes a replegarse para evitar un mayor baño de sangre y represión, salvando a la nación de una catástrofe contra los derechos humanos. Es estoica la resistencia de excandidato ante toda clase de imputaciones, persecuciones, trabas a su gestión gubernamental, homofobia y calificación de “criminal”. La situación del gobernador de Lara, Henri Falcón ha sido similar y de una ferocidad inusitada con acusaciones y varías comparecencias ante el director la  Comisión de Contraloría de la A.N, Pedro Carreño, al acusarlo de “delincuente “ y de corrupción administrativa; la ministra Iris Valera, lo denunció de soliviantar los presos de la cárcel de Uribana para crear caos y desorden; la legislatura regional larense de guarimbero y desestabilizador y últimamente el mismo presidente Maduro lo ha acusado de pretender cambiar el gobierno mediante el llamado que hizo el gobernador a la necesidad de reinstitucionalizar el país y restablecer el diálogo entre los distintos poderes. Las acusaciones por corrupción del Dpi. Carreño, con cientos de expedientes levantados, han sido dirigidas al  exgobernador Briceño por irresponsabilidad política y administrativa y conducta negligente, toda vez que  un Informe de la Contraloría lo había exonerado previamente de estos presuntos delitos. En la misma lista de Carreño aparecen otras acusaciones de carácter administrativo contra los exgobernadores Morel Rodríguez y Andrés Velásquez. Los exgobernadores del Zulia, Táchira y Carabobo no escapan a estas tropelías y denuncias falsas y temerarias ante las comisiones parlamentarias y el ministerio público nacional  y regional.

El hostigamiento, denuncias y acusaciones  varios pintas por corrupción o cualquier otro delito fraguado indilgados a parlamentarios de la oposición no se han limitado a delitos de corrupción sino también a la violencia física y obstrucción al cumplimiento de sus labores como diputados en el hemiciclo de la Asamblea Nacional, por ello no es fácil olvidar la agresión sufrida por algunos parlamentarios con motivo de la sesión del 16 de abril pasado con ocasión de solicitar  la realización de una auditoría total, incluyendo los cuadernos de votación, para determinar y confirmar los resultados de los comicios presidenciales del 14-A, lo que ocasionó  la suspensión del derecho de palabra de los parlamentarios oposicionistas, generándose una fuerte agresión en la que resultaron lesionados Julio Borges y William Dávila, con una herida grave en su cara. Tras intercambio de palabras y fuertes desavenencias en  el hemiciclo, el 30 de abril, se produjo otro hecho de mayor gravedad contra varios diputados no oficialistas propinándoles otra golpiza salvaje a Julio Borges, la segunda durante este mes, María Corina Machado, Nora Bracho y Américo de Grazia con heridas y maltratos de consideración ante la mirada complaciente del presidente de la A.N, Diosdado Cabello y su falta de autoridad para imponer y garantizar el orden y la seguridad como lo establece su  Reglamento Interior y de Debates. La Fiscalía Nacional abrió investigaciones respectivas sobre estos hechos que a la actualidad no han dado resultados al respecto. El 15 de octubre  se  suspende el derecho de palabra a Julio Borges  y Nora Bracho por 30 días al considerar el presidente de la AN, Cabello que estos diputados saboteaban la sesión en que el presidente Maduro (E) presentaba su solicitud de ley habilitante, el 8 de octubre del corriente.

Después de los resultados de las elecciones parlamentarias de septiembre de 2010, previos y posteriores a la instalación de la nueva legislatura nacional el 5 de enero de 2011, hemos observado que nuestra instancia  parlamentaria ha sido convertida en un escenario de violencia, retaliaciones, denuncias, acusaciones, insultos y  violaciones a la normativa constitucional y reglamentaria, con lo que se pretende acabar y liquidar  la  fracción parlamentaria democrática, sus liderazgos nacionales y regionales, y los gobernadores electos en las pasadas elecciones y a los exgobernadores quienes han vendido sufriendo una feroz y sistemática campaña de desprestigio, acusaciones inverosímiles, injurias, epítetos y toda clase de vejaciones para sacarlos del juego político-electoral, con el apoyo de los órganos jurisdiccionales de la justicia, de la fiscalía, de los organismos de seguridad y la connivencia de la cúpula militar-castrista, cuyo último propósito es lograr la total hegemonía totalitaria con la aprobación de la habilitante al presidente (E ) Maduro que daría al traste con los derechos humanos, y el Estado democrático y Social de Derecho y de Justicia. Es muy posible que se apruebe esta ley habilitante, y ya han sido citados los diputados Caldera y Aranguren para fines de octubre, para proceder el allanamiento de su inmunidad parlamentaria, deshonra del poder legislativo, y después vendrán otros más con el forjamiento de cualquier otro miserable expediente  que se le ocurra a la mente perversa de la clase política incapaz e inmoral  que nos gobierna. Indudablemente el nacimiento de la actual Asamblea Nacional Chavista y su accionar, 2012-2013, nos conduce aseverar que es fraudulenta, desde su origen y deslegitimada en su desempeño mediante su actuación que calificamos como parte del terrorismo estatal en que vivimos en nuestro país. La justicia no tardará mucho en llegar para que los instigadores del odio y el terrorismo, y los usurpadores del poder, sean castigados con la severidad de la ley. La aprobación de la ley habilitante para Maduro será un espectáculo digno  de la ciencia ficción lo que ameritará una respuesta contundente de la alternativa democrática y de todos los demócratas sino querremos ver la implantación  cabal de un régimen totalitario jamás visto en la tierra. ¿Estamos preparados para asumir el reto?

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