Archivos del mes: 30 noviembre 2013

Manual del Propagandista para el #8D, Parte 8

1272 No hay derecho a que el Municipio este asi

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El Diseño Comunal en los Consejos Educativos, @carome31

1271 Consejos Educativos

Por Carlos Romero M., 29/11/2013

No hay nada más parecido al diseño Comunal: Consejos Comunales y Comunas, que la figura de los Consejos Educativos que sustituye a las Asociaciones de Padres y Representantes en la relación con los Institutos Educativos.

En una reciente experiencia en un colegio católico y privado, se conformó de hecho el llamado Consejo Educativo, prevista en la Resolución 058 del Ministerio de Educación, luego de crear varios comités, previamente aprobados en una Asamblea convocada a tal fin. Hay comités que deben existir porque la Resolución del Ministerio así lo exige, de las cuales hay un comité sólo para estudiantes: que es el Consejo Estudiantil, instancia que como dice la Resolución es la forma de participación del poder popular estudiantil y otra sólo para docentes, personal obrero y administrativo del Instituto; pero pueden agregarse otras comisiones, siempre y cuando cuenten con la aprobación previa de la Asamblea.

Una vez aprobada cada comisión y sus integrantes en número impar, al menos en este colegio, se procedió a elegir un vocero para el Comité de Contraloría y otro para el Consejo Educativo formalmente dicho. Luego se informó que ese Consejo Educativo nombraría 3 personas de su seno para el manejo financiero de los recursos del Instituto Educativo. Por lo tanto cada comité puede simular un Consejo Comunal, los cuales, se agrupan y crean o conforman una Comuna.  En este caso varios comités crean un Consejo Educativo.

Tanto en la Comuna, como en el Consejo Educativo hay una instancia de voceros que en nombre de la comunidad eligen 3 personas, en el caso de la Comuna serán llamados esos 3 voceros: representantes legales y en el Consejo Educativo serán los responsables de las finanzas. En ambos casos, es importante recordar, se trata de dos instancias de gobierno, distintas obviamente, una es comunitaria y otra educativa.

Para la Asociación Venezolana de Educación Católica y la Gobernación de Miranda, quienes actuaron como facilitadores de la conformación de ese Consejo Educativo, expresaron a la Asamblea presente, que sobre el Consejo Educativo no había negociación alguna, simplemente había que conformarlo.   Igual sucedió cuando se crearon los Consejos Comunales, era la única alternativa de organización comunitaria viable para relacionarse con el Estado en sus tres niveles, obviando y sustituyendo en la práctica a las Asociaciones de Vecinos, no había negociación posible.

Sorprendió que cuando la Asociación Venezolana de Educación Católica y la Gobernación de Miranda, como facilitadores del proceso, presentan las 11 comisiones que se van a conformar, afirman categóricamente que son esas 11 y que una de ellas es la Comisión de Pastoral porque al ser colegio católico, esa figura no tiene tampoco negociación posible; por lo tanto, no se somete a aprobación la misma. Empezó la Asamblea a convertirse en un espacio para que nos participen decisiones de 3eros, no para participar. Estuve de acuerdo con esa Comisión Pastoral, pero no con el hecho de cómo la impusieron. Se olvidan los facilitadores, que la libertad para elegir colegio es muy limitada por lo menos en Caracas y allí había padres que entraron al colegio porque no tuvieron otra alternativa. A ellos ¿se les impone la actividad pastoral?

Otro hecho interesante de esta experiencia que comento, es la validación por parte de los facilitadores de la participación del Consejo Comunal de la zona como parte de un Comité. Si bien, tiene derecho el Consejo Comunal a participar en alguna instancia del Consejo Educativo, previa aprobación de la Asamblea, no hubo requisito alguno para comprobar la vigencia y en consecuencia la existencia de ese Consejo Comunal y menos aún, la legitimidad del vocero presente, sólo bastó el voto de la Asamblea.

Luego de 4 horas, al intentar firma el acta final, la enorme mayoría se retiró, por lo que quedó el acta que debe ser presentada al Ministerio de Educación para su registro en una Taquilla Única y luego se acudirá con el registro al SENIAT para el RIF, que permitirá luego abrir una cuenta en el Banco que a tal fin indique el Ministerio. Ese resulta ser el mismo procedimiento para el Registro de los Consejos Comunales, la diferencia es que la Taquilla Única es en Fundacomunal y ésta en una instancia del Ministerio de Educación.

Muchos padres estuvieron satisfechos porque la Asamblea les permitió participar, no importó no tener información previa, y menos aún si esos comités quedaron idóneamente integrados, el asunto fue participar para garantizar que todos esos comités tuvieran integrantes en número impar, por lo tanto no se realizó votación en Asamblea por cada autopostulado, sino que la votación fue en grupo, es decir 7 o 9 personas se autopostularon y en grupo se presentaron a la Asamblea para que ésta votara a favor o en contra de los candidatos autopostulados. Así se logró 13 comités, con más de 100 integrantes divididos por supuesto según el comité que corresponda. Prácticamente todos los asistentes integran un Comité, pero al final, pareciera nominalmente que sólo son 13 los integrantes reales del Consejo Educativo propiamente dicho.

Esta Asamblea para conformar en un sólo día al Consejo Educativo hace recordar esas Asambleas para elegir Consejos Comunales donde acuden algunos vecinos y empiezan a votar o a ser postulados porque hay que llenar las vocería existentes, aún cuando muchos de ellos ni idea tienen de cuáles y cuántas son las vocerías. Las Asociaciones de Padres y Representantes, experimentan hoy la misma situación que vivieron en el pasado las Asociaciones de Vecinos.  Sin duda el Estado a través de sus textos escolares y ahora a través de estos Consejos Educativos va imponiendo silenciosamente un nuevo modelo de sociedad.

8D, una cita con la civilidad, @daVinci1412

Por Gioconda San Blas, 28/11/2013

Por encima de los obstáculos, con la certeza de que hemos ido creciendo sin pausa bajo el cobijo de la Mesa de la Unidad Democrática, la cita del 8D es obligatoria para quienes deseamos la civilización y no la barbarie, la democracia y no la dictadura, como norma de vida.

1264 Encuesta keller

Salgo entusiasta a caminar. A pocas cuadras, un pequeño negocio es “visitado” y su dueño vejado por la GNB, mientras afuera se arremolinan eventuales compradores de las gangas impuestas arbitrariamente, sin cuidar la normativa legal existente, con el fin aparente de reparar delitos cometidos por presuntos comerciantes inescrupulosos en el remarcaje continuo de precios. Los rostros expectantes de algunos clientes reflejan el primitivo instinto de jauría, dispuestos a echarse encima al comerciante y sus mercancías.

Guardando las distancias, recuerdo con tristeza los autos de fe, aquellos actos de la Inquisición en los que los acusados eran sometidos al escarnio público y con frecuencia, a la muerte en la hoguera. Los asistentes al acto, siervos de gleba sin derechos ni beneficios de sus señores, se regodeaban con los gritos y el olor a carne chamuscada, satisfechos de saber que no eran ellos los últimos en la escala de la humillación humana. Y no pude menos que reflexionar en la indignidad a que nos hemos degradado en estos 15 años de barbarie.

Sigo mi ruta y llego al supermercado. Allá, dos clientes se pelean por un pollo. No hay leche, ni aceite, ni azúcar, ni harina… Me informan que al día siguiente llegará algo, pero entonces estaré en mi lugar de trabajo y no podré salir a hacer colas, esas largas y asfixiantes colas que hemos asumido dócilmente como parte de nuestra vida diaria, en aproximación a las tarjetas de racionamiento de la dictadura cubana.

Me viene a la memoria el decir de un cubano cuyo mayor deseo a sus 70 años, era “no hacer más colas, estoy cansado de hacer colas por más de 50 años”.

En mi recorrido paso por el edificio donde la semana pasada un vecino de 28 años fue secuestrado y asesinado, sumando uno más a los casi 200 mil homicidios ocurridos en Venezuela en los últimos 15 años y de los cuales más del 90% queda impune, víctimas de la violencia propiciada por el régimen como política de estado.

Siento que algo debo hacer para corregir este estado de cosas. Y al ver las calles atiborradas de propaganda electoral, invitando a votar el próximo 8D para elegir nuevas autoridades municipales, pienso que es una sencilla y trascendental oportunidad para expresar nuestra afirmación por un mundo mejor y nuestro rechazo al deterioro material y moral a que nos ha llevado el régimen en 15 años de imposición de una pseudo-ideología caduca y ruinosa. Una pequeña pero formidable contribución a aumentar el número de alcaldías y concejos municipales en manos de la unidad democrática y demostrar con el número total de votos, que somos mayoría.

Por encima de los obstáculos, con la certeza de que hemos ido creciendo sin pausa bajo el cobijo de la Mesa de la Unidad Democrática, la cita del 8D es obligatoria para quienes deseamos la civilización y no la barbarie, la democracia y no la dictadura, como norma de vida.

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La Sindicatura Municipal I/II, @Fundesmu

1269 Mix-sindicatura

Por Abg. Eduardo Lara Salazar, 24/11/2013

Así como en el nivel nacional, la República cuenta con un órgano denominado Procuraduría General de la República para la representación legal, tanto en el campo judicial como extrajudicial, el ámbito local también posee uno cuya denominación es Sindicatura Municipal.

Es frecuente confundir a este organismo consultor con el sindicato, lo que es un error, dado que éste es una institución que representa los derechos de índole laboral de los trabajadores dentro de una organización pública o privada.

La Sindicatura forma parte de la estructura municipal. Específicamente, dentro de los llamados órganos auxiliares.

En efecto, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal (LOPPM, 2010) dispone que, en cada municipio, existirá una dependencia con rango de auxiliar del nivel local, es decir, es el órgano que brinda apoyo jurídico a toda la Entidad y la representa cuando se produce la necesidad de acudir a los Estrados, bien sea en forma activa o pasiva.

Dentro del elenco de competencias le corresponde a la Sindicatura Municipal:

  • Asesora jurídicamente a las distintas ramas o componentes del Poder Municipal, a través de dictámenes u opiniones.
  • Somete a la consideración del Alcalde los proyectos de ordenanza y demás instrumentos jurídicos municipales, tanto en su creación como en su modificación o eliminación.
  • Asiste con derecho a voz a las sesiones del Concejo Municipal en las materias de su competencia o para las que se le hubiere pedido su concurso.
  • Denuncia los hechos ilícitos en que incurran los funcionarios o empleados locales en ejercicio de sus funciones, así como cualesquiera otras acciones que fueren menester.
  • Vela por el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales, por lo que se le ha dado en llamar como el gran inspector municipal, pues informa de la situación encontrada con las recomendaciones pertinentes.
  • El Código Civil Venezolano de vieja data le asignaba funciones relacionadas con el Registro Civil y en la oposición a la celebración de matrimonios o en interdicciones.
  • También cumple rol como Inspector Fiscal de la Hacienda Municipal.

Cuando se demanda a un Municipio se debe practicar la citación del Síndico Procurador con arreglo en lo dispuesto por la LOPPM, so pena de nulidad absoluta de todo lo actuado y causal de reposición al estado de cumplir cabalmente con tales regulaciones, quedando en cabeza del Síndico la legitimidad para la solicitud de reposición. En idénticas condiciones se debe manejar cuando hay que practicar notificaciones de toda sentencia definitiva o interlocutoria; también se hace la exigencia que debe notificarse al Alcalde de la Entidad, debiendo diferenciarse claramente lo que implica notificar al Síndico Procurador, que es la vinculante y obligante como representante judicial del Municipio, mientras que en el jefe de la rama ejecutiva es meramente informativo.

Se discute en doctrina si al Municipio le corresponden los mismos privilegios y prerrogativas que a los otros niveles del Poder Público, lo que la jurisprudencia ha interpretado con carácter restrictivo; ejemplo de ello pueden mencionarse los fallos dictados por la Sala Político Administrativa Nº 01404 de fecha 05 de noviembre de 2008 (Caso: Municipio Chacao) o el Nº  00768 del 22 de mayo de 2007 (Caso: Municipio Iribarren del Estado Lara), así como el de la la Corte Segunda en lo Contencioso Administrativo en fecha 28-02-2008 (Caso: Municipio Pinto Salinas del Estado Mérida).

Se sugiere al lector dar un vistazo a unos artículos de mi autoría que se encuentran publicados en http://www.eduardolarasalazarabogado.blogspot.com para tener mayor información sobre lo aquí tratado.

http://fundesmu.wordpress.com/2013/11/24/la-sindicatura-municipal-i/

Razones para votar el 8-D, @Ciudadaniaactiva

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El voto es un derecho.

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Estado, economía y costo de oportunidad, @jessalexis11

1268 Estado y economia

Por Jesús Alexis González, 28/11/2013

Históricas son las discusiones sobre el papel que debe desempeñar el Estado en la economía, desde los que apoyan que ha de controlar toda la actividad económica como los que defienden que no debe tener ninguna participación (a nuestro entender ambos enfoques son inapropiados), y una tercera visión que lo sitúa como un árbitro regulador de la actividad económica que se desarrolla en el marco de un modelo económico que le facilita cumplir con dos funciones primordiales: (1) corregir las fallas del mercado, y (2) redistribuir la riqueza nacional; manteniendo un rol secundario ante la iniciativa privada e interviniendo sólo en aquellas actividades económicas donde el Estado sea más eficiente, dentro de un marco institucional que garantice una independencia e interrelación adecuada entre los poderes.

Sea oportuno indicar dos aspectos: (A) un modelo económico es un proceso impulsado por el Gobierno en función de organizar la economía sustentado en un juicio de valor sobre el país que se puede desear (qué debe ser, qué debe hacerse) para lo cual se formulan políticas económicas; y (B) en una economía de mercado (distinto a libre mercado) el Estado suele intervenir (con precario éxito) de varias formas en materia, por una parte, de precios entre ellas la regulación (basada, suponemos, en algún criterio racional compartido y aceptado entre las partes), y la congelación (fijación unilateral por parte del Gobierno); y por otra parte interviene en la fijación del margen de ganancia teniendo como premisa (volvemos a suponer) que dicho margen permita cubrir los costos de operación (gastos y costos de la actividad) y donde la fijación del precio se determine según el costo marginal (costo de la última unidad producida-vendida-) o según el costo medio (costo total dividido por el número de unidades producidas-vendidas-). Es claro que estas tres formas de intervención gubernamental deben tener un límite en el tiempo, a menos que se esté aspirando una transición hacia una economía planificada y dirigida (economía socialista) donde la actividad económica está basada en la propiedad social de los medios de producción en procura de alcanzar el comunismo (año 2013 representan el 0,01% del total de países); en actuación contraria a la tendencia mundial donde el Estado no interviene directamente en los mercados ni compite con el sector privado.

En referencia al costo de oportunidad, lo podemos entender (de forma sencilla) como que escoger implica renunciar, es decir, al hacer una cosa no podemos concurrentemente hacer otra cosa, habida cuenta que no podemos satisfacer simultáneamente todas nuestras necesidades. Esta realidad cobra mayor sensibilidad cuando se trata del costo de oportunidad del Estado ya que cuando un Gobierno participa en actividades inherentes al sector privado importador/comerciante) se está desviando de su papel básico en cuanto a la atención de la salud, educación, justicia, seguridad (personal y jurídica), agroindustria (alimentación), infraestructura, y un largo etcétera; con implícita renuncia a propiciar y crear las condiciones para alcanzar el bienestar general de la población observado como renunciar al valor de la mejor opción no realizada: la suprema felicidad.

Mención aparte merece la presencia del Estado-regulador (básicamente del sector privado), ante lo fácil que resulta controlar las empresas que no son propiedad del Estado ya que sus efectos no recaen sobre el Gobierno (ni los gastos), pero subyacentemente puede estimular confrontaciones ideológicas y hostil enfrentamiento entre bloques sociales; escenario distinto a intervenir para corregir fallas del mercado. La regulación, materializada como restricciones impuestas por el Gobierno sobre el poder de decisión de las empresas en materia de precios, cantidades, margen de ganancia, limitación de beneficios, y otros, tomadas en ambiente inflacionario (manteniendo los precios congelados y regulados) han de ser revisadas periódicamente ( en razón al incremento en los costos) so pena de desestimular la producción como consecuencia a las expectativas de potenciales pérdidas, lo cual obviamente se traduce en una escasez que tiene efecto multiplicador sobre sí misma. La intervención del Estado en el campo económico, se hace deseable cuando se orienta a mejorar la prestación de los servicios públicos y a superar desequilibrios macroeconómicos, impulsar el crecimiento de la economía y fomentar la competencia. A manera de conclusión en relación al costo de oportunidad del Gobierno, vale la pena citar un viejo eslogan: no realizar intervención alguna si dicha solución es más costosa que la falla que se pretende resolver.

Economista Jesús Alexis González

Manual del Propagandista para el #8D, Parte 7

1267 El Gobierno cuenta con tu abstencion

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@Ciudadanactiva exige al CNE suspender la realización de actos del día de la lealtad a Chávez

1263 Ciudadania Activa

Nota de Prensa, 13/11/2013

Comprometidos con la defensa de los derechos civiles y políticos de los venezolanos, expresamos nuestra preocupación y el más absoluto rechazo a la manera displicente como el Consejo Nacional Electoral, en el contexto de realización de las elecciones municipales,  ha desestimado los eventos programados para el 8 de diciembre por el Ejecutivo Nacional y el partido de gobierno PSUV, en ocasión de festejar el DIA DE LA LEALTAD Y EL AMOR AL COMANDANTE SUPREMO HUGO CHAVEZ Y A LA PATRIA.

Un estado plural y laico –como el que postula la Constitución venezolana no puede establecer un culto como política oficial, ni puede imponer que una persona sea, por voluntad del gobierno, una divinidad oficial que merece especial culto y protección del Estado. La razón de que un Estado se proclame plural y laico, como lo hace la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, es para permitir la convivencia pacífica y respetuosa en la sociedad de diferentes corrientes políticas, sociales y religiosas, ninguna de las cuales tiene el derecho de proclamar su preferencia o superioridad en el Estado.

Queremos de la manera más formal y categórica alertar, que este  decreto podría comprometer seriamente la validez de las elecciones municipales a celebrarse el próximo 8 de diciembre

¿Debemos recordar al Poder Electoral que el artículo 131 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales establece que “está prohibida la celebración de reuniones o espectáculos públicos con veinticuatro horas de antelación al acto de votación y con posterioridad al mismo”?

Reclamamos que el Consejo Nacional Electoral, en estricto apego al mandato constitucional establecido en el art. 293 de la Carta Magna, tiene la responsabilidad y el compromiso de corregir (a tiempo) esta amenaza a la pluralidad, a la libertad de elección y al orden público el día de las elecciones, y de este modo, garantizar la transparencia y la validez de las próximas elecciones municipales. Los actos programados para el 8D deben ser suspendidos.

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¿Y tú todavía crees que la oposición tiene la culpa de todo?

1261 La culpa de todo

La guerra de Maduro contra la economía, Humberto García Larralde

1260 Guerra de Maduro

Por Humberto García Larralde, 27/11/2013

Economista, profesor de la UCV,

humgarl@gmail.com

Una economía enferma

En una economía sana los precios de los bienes y servicios constituyen una señal invalorable para evaluar las oportunidades de negocio y de empleo, así como para que los consumidores entiendan cómo rendir lo mejor posible su dinero. Por ende, el sistema de precios es un insuperable racionalizador de la actividad económica, estimulando la movilidad de los recursos hacia donde son requeridos y restándolos de aplicaciones poco deseables. Le toca al gobierno promover la competencia –interna y externa-, y evitar que posiciones de monopolio, fraudes comerciales, daños a la salud, al ambiente y otras externalidades negativas, perjudiquen a los consumidores. En un entorno de seguridades jurídicas, de políticas sensatas y expectativas de confianza en el futuro de la economía, las señales de precio orientan la inversión y estimulan el desarrollo tecnológico. Nadie pone en duda que la iniciativa privada desatada por el libre juego de la oferta y la demanda bajo estas condiciones produce el mayor bienestar a la población. Así lo confirman las experiencias de tantos países exitosos.

Pero la economía venezolana, sobre todo ahora, es de todo menos “sana”. La captación de una cuantiosa renta por la venta de petróleo en los mercados mundiales hizo creer al régimen chavista que podía desembarazarse de consideraciones económicos para la toma de decisiones. Privó exclusivamente lo político, impulsado por las ansias desmedidas de poder de Hugo Chávez y su camarilla. Amparado en una retórica justiciera, se procedió a expropiar y confiscar fincas y negocios, regular el comercio y la producción privados con todo tipo de normas, y controlar de manera extendida los precios de los bienes y servicios, para implantar mecanismos de usufructo de la riqueza social divorciados de la racionalidad mercantil. El mercado con su sistema de precios que acopla presiones de demanda con posibilidades de oferta fue remplazado por favoritismos políticos, prácticas clientelares y entresijos irregulares que son aprovechados por buscadores de renta de todo pelaje. Son notorios los negociados realizados a la sombra de la actividad petrolera, de la contratación de obras, de la compra de equipos militares o de otra naturaleza.

Quebrantados los mecanismos de control y de rendición de cuentas, no hay restricción al provecho discrecional de los recursos públicos distinta de aquella que se deriva del poder. El entramado legal es violado o adulterado, dando paso a una creciente anomia en la cual el principio ordenador del quehacer económico y civil no es el Estado de Derecho sino la correlación de fuerzas a favor en el plano político y militar, muchas veces resultado de complicidades en hechos de corrupción. Se trata de un régimen populista de expoliación de la renta petrolera, legitimado social y políticamente mediante programas de reparto clientelar cuya dinámica deriva de los mecanismos que se han venido asentando para el disfrute de la riqueza por parte de personas, agrupaciones y sectores, al margen de las instituciones y de la vigilancia contralora de la sociedad. Bajo la prédica “socialista” y de la primacía de lo colectivo sobre lo individual, fueron privatizados los bienes públicos mediante su provecho sectario, excluyente y discrecional por parte de quienes detentan hoy el poder.

Un control de cambio perverso

La expresión más extrema de las distorsiones económicas generadas por estas prácticas está en el control de cambio implantado desde el 5 de febrero de 2003. Lejos de contener la fuga de divisas, ésta se potenció[1]; en vez de fortalecer las reservas internacionales, éstas se desplomaron, dejando sin respaldo a la moneda nacional; a pesar del severo atraso en el ajuste del precio del dólar, la inflación venezolana es la más alta del mundo. El bolívar se sobrevaluó como nunca –más del 50%- y, junto al acoso y destrucción del aparato productivo doméstico, hizo que las importaciones de 2012 cuadruplicaran las de 1998. De forma insólita, porque los precios del barril petrolero están en torno a los $100, hoy escasean notoriamente las divisas para cubrir los requerimientos de la economía y los compromisos externos asumidos por el gobierno[2]. Maduro, en lugar de reconocer lo avieso del control de cambio, acentuó el racionamiento de la divisa, provocando un descomunal diferencial entre el precio oficial de la divisa (Bs. 6,3/$) y el del mercado negro, 10 veces superior. Generó así, el incentivo más grande y perverso que los venezolanos hayan conocido para ganarse unos reales de la noche a la mañana sin esfuerzo alguno: ponerse como sea en los dólares subsidiados para venderlos el día siguiente a 10 veces lo pagado. Además de la clásica sobrefacturación de importaciones y la no menos trillada subfacturación de exportaciones, proliferaron viajes y todo tipo de argucias para acceder a los dólares de CADIVI. Pero lo de mayor calibre está en los chanchullos que, por múltiples medios, ingenian los funcionarios de PdVSA, la FANB y otros estamentos del sector público, para inventarse negocios con el extranjero con base en los dineros públicos.

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