Invasiones y expropiaciones: dos caras de una misma moneda


Por Radar de Los Barrios, 4/03/2012

Todo aquel que gracias a su trabajo honrado posee algo (un kiosko o una empresa, un puesto en el mercado o un galpón industrial, una humilde vivienda o un conjunto residencial) se siente hoy amenazado por los ladrones. Aclararemos: los “amigos de lo ajeno” que hoy acosan a la mayoría venezolana trabajadora y honesta no son sólo los tradicionales rateros, de antifaz y pata’ecabra. Los ladrones que hoy mantienen en alerta a los ciudadanos son grupos, muy pequeños ciertamente, pero con mucho poder o apoyados por el poder. Grupos que a veces se presentan vistiendo franelas rojas, con banderas del PSUV y afiches con la foto del Presidente de la República. Se hacen llamar “colectivos” y actúan mediante la fuerza de las armas y con el amparo de la impunidad. Cuando esto pasa así, el despojo se llama “invasión”. Pero también puede ocurrir que los ladrones aparezcan perfumaditos y con corbata, apoyados no por la inacción sino por la acción represiva de la fuerza pública, y esgrimiendo normas seudolegales y claramente inconstitucionales que supuestamente los facultan para realizar algo llamado “ocupación temporal” de terrenos e inmuebles. Cuando las cosas ocurren así, el despojo se llama “expropiación”. En ambos casos, se ha arrebatado por la fuerza un bien, un inmueble o un terreno a su legítimo propietario. Es decir, en ambos casos se ha perpetrado un robo que -al ser cometido por un grupo que se agavilla para hacerlo- entra en el concepto de crimen organizado. De esta forma, “El pueblo contra la mafia: Historia oculta de los últimos meses de la oligarquía roja” podría ser el título de una película que retrate este tiempo venezolano, del 12 de febrero al 7 de octubre del 2012.

INVASIONES: DE MAL INERCIAL A POLÍTICA DE ESTADO

Hay que comenzar precisando que lo que se conoce como “invasión” en Venezuela no es la excepción sino la regla en materia de ocupación del espacio. Según datos de los investigadores Josefina Baldó (ex presidenta del Consejo Nacional de la Vivienda) y Federico Villanueva (ex asesor del Programa Nacional de Vivienda) en nuestro país 6 de cada diez viviendas son construidas no por el Estado ni por la empresa privada, sino por la propia gente. Y esas viviendas son levantadas generalmente en terrenos propiedad del Estado (que es el principal terrateniente del país), o en ejidos municipales, o en terrenos baldíos a los que eventualmente les saldrán “dueños” una vez que el esfuerzo constructor de la gente haya agregado valor a lo que siempre habían sido extensiones abandonadas. La ocupación espacial mediante planificación urbana, rigiéndose por un diseño pre-establecido y un proyecto de ciudad, es claramente minoritaria en Venezuela.

Esta realidad histórica se vio subrayada por la demagogia y el clientelismo electoral. En el lapso comprendido entre 1973 y 1998 se generalizó la lamentable práctica de “cambiar bloques y planchas de zinc por votos”. Politiqueros permitían o promovían la creación de nuevos barrios de invasión cada vez que se acercaba una elección presidencial, para así hacerse de los votos de las personas que se creían “habitantes” cuando en realidad la irresponsabilidad politiquera los había convertido solo en “pre-damnificados”. Pero nunca ningún gobierno anterior a 1998 llegó, en materia de demagogia y clientelismo aplicado al tema de la vivienda, a la “cumbre” alcanzada en estos tiempos: Nunca un presidente había exhortado a los ciudadanos a que salieran a “cazar” galpones y terrenos “y me los traen a mí que yo se los entrego, ven a mí que tengo flor”. Nunca un tribunal había llegado al extremo de “despenalizar el delito de invasión”. Nunca los organismos de seguridad del Estado habían actuado como “protectores” en vez de ser disuasores de las invasiones. Nunca se había visto a los invasores desplazándose en vehículos de organismos públicos y hasta en patrullas policiales. Con la actual oligarquía roja, las invasiones dejaron de ser una práctica social inercial o un exabrupto politiquero electoral, para convertirse en política de Estado, en manifestación concreta de la consigna “Con Chávez manda el hampa”.

EXPROPIACIONES: DE MEDIDA DE ESTADO A NEGOCIO DE POCOS

El pueblo caraqueño tiene una experiencia amplia de lo que es la expropiación como medida de Estado por razones de utilidad pública. Sin ir muy lejos, la construcción de las líneas 1 y 2 del Metro de Caracas hizo necesaria la expropiación de una gran cantidad de inmuebles y terrenos, ubicados además en lugares muy importantes de la Capital. En cada caso, se cumplió el siguiente procedimiento: 1ro) La ciudadanía sabía por qué y para qué se estaba expropiando, es decir, el proyecto a construir era de conocimiento público y sus detalles fueron debatidos en cada comunidad; 2do) En cada caso se produjo un avalúo, un justiprecio, la cancelación del mismo y la entrega del inmueble o terreno sin atropellos o presiones indebidas; 3ro) La comunidad afectada en particular, y la ciudad en su conjunto, pudieron constatar en plazo relativamente breve que a la expropiación correspondió efectivamente la realización de una obra de beneficio colectivo, e incluso las inevitables incomodidades sufridas por los ciudadanos fueron compensadas con la construcción de aceras, plazas y bulevares, espacios públicos para elevar la calidad de vida.

Nada que ver, por cierto, con lo que hoy están haciendo las actuales cúpulas podridas: 1ro) NADIE sabe hoy que proyectos serán construidos en las áreas expropiadas ni mucho menos que empresa lo hará, a que costo, cuando se ganó esa licitación o cual fue el criterio para escogerla y asignarle ese realero… ; 2do) NADIE sabe cómo se realizará el avalúo del terreno o inmueble expropiado, ni cómo cobrará, ni cuándo, ni cuánto. De hecho, han habido casos (Santa Rosa, Maripérez) en los que el Estado en vez de cancelar indemnizaciones ha intentado aplicar “multas” por conceptos insólitos, de manera que el confiscado más bien queda debiendo; 3ro) TODOS se han visto afectados para mal, pues en los pocos casos en los que efectivamente se han construido viviendas (San Agustín del Norte, por ejemplo ), al no estar acompañada esta nueva demanda por una nueva dotación de servicios en materia de vialidad, aguas blancas, aguas servidas, energía eléctrica y servicio telefónico, la calidad de vida de nuevos y antiguos habitantes se ha visto deteriorada.

RESISTIR Y RESOLVER

Los ciudadanos de Catia, los vecinos de Montalbán, los habitantes de El Valle han rechazado en la calle, como debe ser, esta política ladrona de expropiaciones; Las comunidades de Guaicoco, Lomas del Ávila y La Candelaria han enfrentado también, con coraje cívico y riesgo físico, esta política criminal de invasiones. Es hora de que concejales y diputados de los caraqueños por un lado descubran y denuncien a los grupos económicos que, aliados a la burocracia roja, han convertido la ranchificación de la ciudad en un negocio, y desentrañen y muestren ante el país y el mundo la red de relaciones políticas que hace posible las invasiones. Resolver este problema tiene fecha: 7 de Octubre. Pero resistirlo es una responsabilidad diaria, una urgencia compartida. La gente está haciendo lo que corresponde. Esperamos por los dirigentes.

Publicado por:
http://elradardelosbarrios.blogspot.com/2012/03/invasiones-y-expropiaciones-dos-caras.html

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