Archivos del mes: 23 abril 2010

¿ES UN DELITO OPINAR?


Exhortación de Venezuela Libre a la Asamblea Nacional

Un profundo sentimiento mezclado con preocupación, angustia e indignación estremece a la sociedad venezolana, ante una serie de inquietantes hechos que constituyen claros indicios de abandono del camino democrático por parte del régimen, con evidente incremento de la intolerancia y la persecución política.

Se agrava ese sentimiento en un ambiente general de pugnacidad, estado de preguerra y agresividad que propicia la presidencia del país, con guerrillas educativas, milicias armadas, hostigamiento al empresariado, desconocimiento de la propiedad privada y distorsión de la realidad histórica, bajo el silencio cómplice de la mayoría de parlamentarios, quienes deberían actuar como genuinos representantes de un pueblo que por abrumadora mayoría desea paz, progreso y democracia.

Todas esas irregularidades ocurren ante la manifiesta indiferencia mostrada por las autoridades de todos los Poderes Públicos, pese a los serios problemas que agobian a los ciudadanos. Dicha displicencia es aún más preocupante de parte de la Asamblea Nacional, la cual tiene una responsabilidad de primer orden en la situación que vivimos.

Todos los venezolanos tenemos el derecho de esperar de los parlamentarios una actuación ajustada al mandato constitucional, acorde con su indeclinable deber de servicio al pueblo que los eligió, pues:

“Los diputados y diputadas son representantes del pueblo y de los Estados en su conjunto, no sujetos a mandatos o instrucciones, sino sólo a su conciencia. Su voto en la Asamblea es personal” (Artículo 201, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela).

Reclamamos así que del Parlamento surjan leyes y actuaciones imparciales y equilibradas, que nos garanticen igualdad de derechos y que promuevan la tolerancia y la inclusión.

Nos alarma por ello ver a la mayoría de la Asamblea Nacional actuar como instrumento de persecución y de retaliación política. Claro ejemplo de este proceder es el caso de la acusación contra el Dr. Oswaldo Álvarez Paz, que ha terminado con su detención por el falso delito de opinar en un programa de televisión. Dicho proceso fue iniciado con la denuncia realizada por los diputados Manuel Villalba (Presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Medios) y Pedro Lander (Vicepresidente de la Comisión de Participación Ciudadana).

Similar conducta se evidenció con el levantamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Wilmer Azuaje, basándose en imputaciones manifiestamente inconsistentes y con el agravante de sentar el precedente de violación del mandamiento constitucional de antejuicio de mérito, establecido en la Constitución de la República como prerrogativa conferida por el pueblo a los parlamentarios.

A la Asamblea Nacional le corresponde ejercer, por expreso mandato constitucional, el control soberano de las actuaciones del Poder Ejecutivo, para impedir así que excesos, desaciertos o abusos de funcionarios de la administración pública deriven en perjuicios para la comunidad.

Llama por ello la atención la poca diligencia mostrada por una mayoría circunstancial de sus diputados ante la situación de decenas de personas que mueren diariamente a manos del hampa, el alto costo de la vida, la corrupción galopante en la administración pública, las serísimas fallas en los servicios de electricidad y agua en todo el país, la desinversión productiva, el creciente trabajo informal, las frecuentes matanzas en las cárceles, las crisis de hospitales, de vivienda y de vialidad a lo largo y ancho del territorio nacional, por mencionar las quejas más frecuentes de la ciudadanía, sin que haya habido una intervención parlamentaria cónsona con la gravedad de los problemas que aquejan a la comunidad.

Es pública, notoria y comunicacional la subordinación de una mayoría importante de diputados de la Asamblea Nacional a lo ordenado por el Poder Ejecutivo, en flagrante violación del mandato constitucional que establece la independencia de los poderes y atentando seriamente contra sus propias competencias y autonomía. Ello tiene lugar cuando el Poder Legislativo cede repetidamente al Ejecutivo, por medio de leyes habilitantes, su primordial función de elaborar las leyes de la República, otorgándole al Presidente amplios poderes para legislar en todos los órdenes de la vida nacional. Lo mismo puede decirse de la aprobación de instrumentos como la Ley Especial sobre el Régimen del Distrito Capital y la Ley Orgánica del Consejo Federal de Gobierno, las cuales permiten la designación de autoridades paralelas a las legítimamente electas, por medio de los llamados “Consejos Regionales Revolucionarios de Gobierno”. Esto no es más que usurpación de las competencias de las autoridades electas por voluntad popular, de nuevo en abierto desconocimiento del marco constitucional que rige las competencias de los órganos del Poder Público.

Actitudes como las aquí denunciadas contrastan con una sociedad democrática que cada vez persigue con más ahínco un Parlamento plural, autónomo y eficiente.

Las razones expuestas nos impulsan a exigir de la Asamblea Nacional retomar el rumbo de la actuación democrática y el apego al mandato constitucional, así como el compromiso con la nación entera, de manera que auspicie la tolerancia y la convivencia entre todos los venezolanos.

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Los difíciles tiempos del reencuentro / Vladimiro Mujica


En algún momento de nuestro incierto futuro, esperemos que antes de que sea demasiado tarde se va a plantear con mucha fuerza el tema de la reconstrucción nacional. A pesar de que el asunto tiene implicaciones obvias para mucha gente que ha asistido con horror a diez años de desintegración del país, la verdad es que, en rigor, es imperativo preguntarse ¿Qué es exactamente lo que queremos reconstruir? O más bien: ¿Cuál es la sociedad, el país, que consideramos destruido y, por ende, en necesidad de reconstrucción?

Enfrentados abiertamente a la pregunta, la respuesta deja de ser evidente porque su análisis nos lleva, entre otras cosas, a entender muy profundamente que todo lo que ha ocurrido durante los casi tres lustros perdidos de la era chavista no fue el resultado de una catástrofe natural como el terremoto de Haití, ni de una guerra contra una potencia extranjera, ni tampoco, aunque alguna gente lo ponga en duda, de un castigo providencial por las culpas de los venezolanos. No. El chavismo como culto, pensamiento, doctrina y acción, tiene profundas raíces en la cultura política venezolana y en la historia reciente, y no tanto, de nuestro país. En tanto que resultado de nuestras propias carencias como sociedad, de las precariedades de nuestro liderazgo político y, en el fondo, de la pérdida de rumbo de un país, Chávez y su legado deben ser asumidos como parte nuestra, obviamente de quienes lo han apoyado y, también, de quienes lo hemos resistido.

¿Quién puede poner en duda que los abusos de estos tiempos levantan ecos en los abusos del pasado? La corrupción pornográfica que hoy vivimos ¿Es o no la heredera de esa que se engendró prácticamente con el parto de Venezuela como nación independiente? ¿Y el deterioro de los partidos políticos? ¿No fue esa una de las claves del surgimiento del mesías de la anti-política en que se transformó Hugo Chávez para enamorar a un país que estaba listo para aceptarlo? El militarismo, ¿No ha sido una constante en nuestros vaivenes políticos de izquierda y derecha? El deterioro de la educación y de los servicios públicos, la distorsión de la economía, la inseguridad, la pobreza, la miseria y la agresión contra el ambiente. La manipulación de la justicia con fines políticos. Todo estaba allí cuando Chávez llegó al poder y fue precisamente el desencanto de la gente con esta situación y la oportunidad que vieron viejos, muy viejos, actores de la política aventurera y oportunista de Venezuela, con la ayuda de muchos medios de comunicación y empresarios, lo que permitió que una idea fracasada, que nació con un golpe de estado fallido, se convirtiera en un movimiento político poderoso y con raíces populares. Vuelvo a mi pregunta: ¿Qué es exactamente lo que queremos reconstruir?

En los momentos de la elección de Chávez a su primera presidencia, Venezuela era un país en una grave encrucijada que pudo haber escogido reconocer su condición de sociedad con graves problemas y emprender la dolorosa cura o, como lo hizo, escoger la senda del hombre a caballo que le prometía salvación barata. El resultado de la aventura está a la vista. Todo lo que estaba mal al inicio de la era Chávez está ahora peor y, mucho más grave, se ha comprometido la viabilidad democrática del país por la enorme polarización y el riesgo abierto de una situación de violencia, anomia y caos.

Lo escrito suena a Mea Culpa, y en cierto modo lo es, a pesar de que yo personalmente jamás creí en “Hugo”, como lo llamaban muchos de mis amigos, y nunca lo apoyé. La sociedad venezolana en su conjunto tiene una responsabilidad importante en el surgimiento de Chávez. Especialmente el liderazgo de esa sociedad, no solamente los partidos políticos, que jugaron con fuego al no reconocer todas las señales rojas que nos advertían que lo que ocurrió era posible que ocurriera. Y buena parte de ese liderazgo, muchos de quienes hoy están perseguidos, presos o execrados del panteón de la revolución, escogió pactar con el diablo porque pensaban que podían controlar al diablo. En la democracia transaccional y corporativa venezolana se percibió como una gran oportunidad la entrada al poder con un príncipe débil que los iba a necesitar a todos para gobernar. Craso error. El príncipe tenía sus propios planes y el poder tiene su propia lógica de auto-preservación.

Intento en estos últimos párrafos responder mi propia pregunta. Lo que intentamos reconstruir es la posibilidad de cambiar al país y cambiarnos a nosotros en libertad y democracia y desarrollando una idea de nación donde podamos reconocernos todos los venezolanos. Eso si que existía antes de Chávez y ese elemento absolutamente sustantivo está en riesgo de perderse en un precipicio de autoritarismo militarista. A eso se reduce, en definitiva, lo que intentamos reconstruir. El resto habrá que reinventarlo porque la Venezuela que conocimos ya no existe en un sentido muy profundo que todavía no terminamos de admitir. La restauración del estado de cosas pre-Chávez no es sólo imposible sino inconveniente y reaccionario. Las fuerzas que la era chavista ha desatado no van a regresar al corral de contención que permitía el control del país por las élites tradicionales. El tema de la desigualdad y la pobreza no podrá nunca más ser ignorado como lo fue en el pasado. La participación de la gente no podrá ser constreñida a simplemente votar. Estas últimas son probablemente las únicas fuerzas positivas desatadas por la revolución, el resto de los resultados del “proceso” es lo que mucha gente, incluyéndome, identifica con la destrucción del país.

La necesidad de reinventar, paradójicamente, nos abre la puerta a ser creativos e inteligentes y a convocar a los tres bandos en que se ha dividido Venezuela a repensar el país. Pero para ello es necesario derrotar políticamente a la revolución del atraso y a esto es a lo que debe contribuir de manera decisiva la próxima elección de la Asamblea Nacional. La tarea fundamental de los nuevos diputados, como escribió hace unos días Enrique Ochoa, no es adelantar agendas separadas que sólo tienen cabida en una situación democrática normal que en Venezuela no existe. La tarea de los diputados es esencialmente de liderazgo político y de construcción de una alternativa creíble al chavismo. En muy pocas palabras: Generar el sueño de la Venezuela posible que será necesario construir después de esta excursión de diez años buscando el paraíso y conociendo el infierno.

Nueva herramienta del gobierno para promover la polarización y el lenguaje de guerra / Olga Ramos

Desde que se inició este gobierno en 1999, muchas han sido las oportunidades en las que se ha intentado usar al sistema educativo como bastión para la construcción de la base “revolucionaria” que dé soporte al proyecto político, personalísimo, del presidente Hugo Chavez. Sin embargo, más han sido aquellas en las que éste ha usado directamente a niños y jóvenes, en actos proselitistas. Así lo hemos visto en demasiadas cadenas presidenciales, en las que se exhiben niños y jóvenes vestidos de rojo y en las que algunos de ellos hacen intervenciones con loas a la “revolución” o a su autodenominado “comandante”.

El primer tipo de iniciativas gubernamentales, ha sido rechazado reiteradamente por el pueblo, en general, por lo que, hasta el momento, casi la totalidad de ellas se han echado para atrás o metido en el congelador y sólo subsisten unas pocas aisladas que se llevan a cabo por iniciativa de algunos personeros del gobierno, o algunos directores o docentes en escuelas oficiales.

Las iniciativas del segundo tipo, las seguimos viendo periódicamente cada vez que se presenta una ocasión para ello y, a pesar de que esto sucede cada vez con mayor frecuencia, no se ha logrado una manifestación de rechazo colectiva, que las cuestione y las ponga en tela de juicio de forma efectiva.

No obstante, a lo largo de estos 11 años hemos presenciado lo que quizá constituye el mayor daño a la población de cualquier edad y a la convivencia en el país, que es el uso reiterado de una lógica y un lenguaje de guerra, que determina el tenor de las relaciones políticas e impacta de forma nada despreciable, las relaciones familiares y sociales de todos los venezolanos. Estos, lógica y lenguaje de guerra, son utilizados y promovidos por el presidente de forma cotidiana y constituyen una clara herramienta para cimentar la estrategia de polarización política con la que ha sustentado su permanencia en el poder.

Estos son los antecedentes de lo que presenciamos ayer, lunes 12 de abril, en Caracas: Los ministros de educación y de comunicación y la denominada “jefa del gobierno” de Caracas, en un acto público, constituyeron las llamadas “guerrillas comunicacionales” que están formadas por jóvenes estudiantes de 3 liceos y tienen como propósito hacerle la guerra a los medios de comunicación privados y garantizar la difusión del “mensaje presidencial”.

Las reacciones no se han hecho esperar, como es natural ante un evento inaceptable como éste, inaceptable por varias razones. La primera de ellas tiene que ver con el motivo de creación de estas organizaciones que le imprime un carácter peculiar a la misión que se les asigna. De acuerdo a la declaración de los dos ministros presentes en el acto, se trata de una organización diseñada para combatir a lo que ellos denominan “los monopolios mediáticos” de las empresas privadas que son dueñas de los medios de comunicación. Al respecto, cabe resaltar que el Estado es el mayor propietario de los medios de comunicación en Venezuela y que, por la intencional confusión que existe entre Estado, gobierno y partido, los utiliza con fines proselitistas, en lugar de estar al servicio del país tal como corresponde. Pero ese es uno de los problemas asociados con esta razón, el otro, el más importante, es la pretensión de que los jóvenes se enfrasquen en una batalla por la información, estableciendo que es la confrontación permanente, la única vía válida para dirimir las diferencias y el elemento esencial que determine el tenor de nuestras relaciones.

La segunda de ellas, muy en consonancia con esta pretensión, es el tipo de organización que se promueve: la guerrilla. Como es por todos conocido, la guerrilla es una táctica de guerra que se usa, fundamentalmente, cuando quién pelea está en manifiesta desventaja, ya sea porque se encuentra en inferioridad numérica, o porque no cuenta con las armas y la organización suficiente para vencer a su enemigo en franca batalla. Los guerrilleros combaten y sabotean para vencer al enemigo. En Venezuela existe una larga tradición guerrillera asociada a las luchas “anti-sistema” protagonizadas por grupos de extrema izquierda. Por cierto, muchos de los que hoy tienen en sus manos la conducción del Estado, formaron parte de los pequeños focos de guerrilla urbana que, en las adyacencias de las universidades, hicieron vida en las dos décadas previas al inicio de este gobierno. ¿Se pretende entonces que nuestros estudiantes terminen su formación básica con una experiencia activa, de combate y saboteo, utilizando herramientas de comunicación? ¿Esa es la mejor experiencia que podemos brindarle a los estudiantes en su proceso de incorporación a la vida republicana? ¿Esa es la base deseable para construir convivencia?

La tercera razón, no menos importante que las anteriores, es la que mayor peso ha tenido en los reclamos hechos públicamente hasta el momento: la utilización de los estudiantes expresamente para difundir el mensaje de un líder político, para hacer proselitismo y propaganda política, que es como técnicamente se le llama. ¿Se trata entonces de promover la formación de partidarios, en lugar de ciudadanos críticos que tengan capacidad para discernir y tomar decisiones propias sobre sus preferencias políticas? O ¿se trata de utilizar a esos estudiantes para que hagan el trabajo de calle que los militantes del PSUV deberían hacer? Creo que ni siquiera eso. Lo que vimos ayer, es algo mucho más triste, se trata de convertirlos sólo en amplificadores y altavoces de una voz y de un mensaje que, de acuerdo a esta lógica “revolucionaria”, es el único que se debe escuchar.

Si lo que se quería lograr era la democratización de los medios de comunicación social, se pudo hacer una campaña para convertir a VTV, realmente, en el canal de todos los venezolanos o para garantizar la incorporación de productores independientes, sin importar las tendencias políticas, en la programación de todos los medios que son propiedad del Estado. Si se trataba de lograr el desarrollo de competencias comunicativas en los estudiantes y el manejo de herramientas asociadas a la comunicación social, se podrían fortalecer los periódicos escolares o crear clubes de comunicación para ampliar los medios utilizados. Si lo que se quería era abrir espacio para la difusión de buenas noticias, o de las noticias locales y comunitarias, se podría promover la investigación y el énfasis del trabajo de los estudiantes, en esos aspectos. Pero como lo que se quiere, tristemente, es tener mano de obra “combatiente” para el volanteo y la realización de murales, “partidarios” del proyecto revolucionario para hacer labor de propaganda, se crearon las guerrillas comunicacionales, cuya primera tarea, de acuerdo a las instrucciones de la nueva ministro de comunicación es “realizar labores de volanteo, perifoneo y empapelado de las estaciones del metro, línea 1” para “dar a conocer el mensaje del gobierno”, casualmente en vísperas de un importante proceso electoral.

MUD: ¿Tabla de salvación o delicada filigrana?/ Olga Ramos


Acostumbrados como estábamos a nuestro esquema democrático con fuertes dosis populistas, paternalistas y clientelares, más una débil, pero existente, división de poderes, con alternabilidad garantizada y con algunos elementos que perfilaban una futura e interesante madurez democrática, – como el inicio de la descentralización, los esfuerzos por profesionalizar la función pública, tecnificar la toma de decisiones sobre políticas públicas y el establecimiento de algunos mecanismos de control efectivo del ejercicio del poder- entramos en el autodenominado “proceso revolucionario” – que, por cierto, tiene de “revolucionario” su vocación por el cambio radical de sistema a través del desmontaje de la institucionalidad existente, para sustituirla por otra y el desplazamiento de las elites, política y económica, del país por una “vanguardia revolucionaria”.

En su empeño de cambio, este “proceso” dio al traste con el esquema de descentralización que arrancó a finales de los años 80 y para sustituirlo, puso en agenda la necesidad de construir una fórmula de descentralización sustentada en la idea de participación directa de la población, a través de la creación de instancias de organización de base, de dimensión comunal, y la incorporación de mecanismos de consulta para procurar su incidencia en la definición de las políticas públicas nacionales, así como la creación de la figura de la contraloría social para promover el control ciudadano sobre el ejercicio del poder.

A esta fórmula de descentralización que el “proceso revolucionario” se ha propuesto crear, la acompaña el debilitamiento progresivo de la democracia representativa, un esquema de concentración del poder político -que terminó de borrar los precarios límites existentes entre los poderes públicos y que atenta con acabar definitivamente con los restos del viejo esquema descentralizado-, una sustitución de la incipiente “profesionalización” de la función pública por la “partidización forzada” de los funcionarios y todo esto marcado por una fuerte exclusión política y fractura social derivada del uso de la polarización como táctica principal para ejercicio del poder político.

Hay muchas otras dimensiones constitutivas de este “combo revolucionario”, a las que no haré referencia en este escrito, porque las mencionadas son suficientes para dibujar el ambiente político en el que se desarrollan los preliminares de las elecciones parlamentarias, ambiente que mucho se aleja de la “democracia” que conocimos y que poco se parece a los esquemas de talante realmente democrático que apreciamos en otros países del mundo.

En este ambiente conformado por una institucionalidad prácticamente destruida, solapada con otra proyectada a medias, cuyas reglas de juego cambian permanentemente, coexiste la necesidad de la acción organizada y de la actuación de los grupos de intermediación política, con la visión anárquico-asamblearia, en la que cada quién cree tener la capacidad para determinar y definir el destino de todos, con el sólo hecho de alzar su voz disidente. Es en este ambiente en el que se desarrolla un nuevo esfuerzo por construir una plataforma de unidad de la sociedad democrática.

Sin embargo, en este momento, hablar de esa unidad en términos reales y profundos, es una falacia, porque una unidad de ese tenor requiere un planteamiento de partida diferente: la procura de una opción que permita unificar, no a los grupos opositores, sino al país en torno a un proyecto que nos impulse a salir de la crisis generalizada cuyos orígenes preceden, al menos en un par de décadas, al inicio de este gobierno. Con esto no quiero decir que, en este momento, no exista una unidad posible. Pero esa unidad no pasa de ser la construcción de una “opción unitaria” para las elecciones de la Asamblea Nacional que se realizarán el 26 de septiembre y que se traduce en un listado de candidatos y suplentes por circuito electoral y de una base programática que sustente la agenda legislativa que este grupo de candidatos promoverá en esa instancia, una vez electos.

Esta es la misión de la denominada Mesa de la Unidad Democrática, ser una instancia político-operativa para hacer posible la construcción de una opción unitaria para las elecciones del 26S, una tarea, por cierto, nada sencilla. Pero es ésta misión y no otra, a pesar de que muchas personas, incluyendo a muchos miembros de la mesa, esperan que adopte los roles de dirección y de operadora política a la vez, reclamando su pronunciamiento y coordinación de acciones en todos los eventos de la dinámica política nacional que lo ameriten. Pero además, es necesario precisar que se trata de una instancia de operación política, constituida para un fin muy específico, no para organizar las acciones que, en general y producto de las directrices de una instancia de conducción política, se requieran.

Ni los alcances de la unidad posible, ni la misión específica de la MUD ameritan que ésta sea tomada como la nueva “tabla de salvación” del movimiento opositor, tal y como lo hizo mucha gente con los estudiantes en un pasado muy cercano. Por cierto, que esta inmadura manía de aferrarse a personas o eventos circunstanciales, no es más que la expresión de una típica patología política que hace que la mayoría de los venezolanos estén en la búsqueda permanente de un Mesías que resuelva de tajo los problemas del país y crea en la existencia de una acción mágica que devolverá o creará, dependiendo del caso, en un abrir y cerrar de ojos, la calidad de vida pretendida.

La modesta misión para la que se formó la MUD es compleja y llena de dificultades que se derivan, incluso, de la naturaleza misma de su constitución, porque se trata de una instancia en la que deben hacer vida partidos, organizaciones no partidistas e individualidades con influencia, poder y pesos políticos diferentes. Hay partidos políticos de diversa talla, así como organizaciones no partidistas de distintos campos, con diverso grado de influencia y reconocimiento en la sociedad. Ni hablar de las personalidades cuyas trayectorias y reconocimiento público pueden ser muy diversos. Todos ellos con proyectos específicos que, en el caso de los partidos políticos, incluyen planteamientos ideológicos que en muchos temas pueden dar origen a diferencias que resulten irreconciliables. Adicionalmente a ello, se suma la diversidad regional, ya que, esta tarea la MUD decidió asumirla de forma descentralizada, por lo que en cada uno de los estados y municipios del país, funciona una instancia de este tipo, con complejidad y dificultades propias.

Ya el sólo hecho de construir unas reglas de juego que permitan la máxima inclusión posible, en un marco que se haga justicia y respete a las organizaciones, constituye una tarea titánica que, sin un referente electoral previo que permita tener noción de influencia y peso político, requiere una mano muy firme para evitar que, como en otras oportunidades, el espacio de encuentro, se disuelva o pierda efectividad, por una ilusión “participativa” que no es realmente inclusiva. De hecho, difícilmente se logre un acuerdo con el que todos nos sintamos satisfechos y eso es natural a un proceso tan complicado y complejo. Pero adicionalmente, y producto de la falta de comprensión sobre la naturaleza de este fenómeno, es que encontramos “ individualidades” quejándose por no tener “representación” en la mesa y también, organizaciones que prefieren ver los toros, y criticar, desde la barrera, preferiblemente delante de un micrófono.

Constituida con todos los defectos que tiene, en el cumplimiento de su misión, la MUD debe atender, al menos, tres dimensiones de trabajo. La primera de ellas es la elaboración del listado de candidatos con su la agenda legislativa, es decir, la construcción de la oferta electoral que presentará al país. Hasta el momento, y de acuerdo a las reglas aprobadas, para la elaboración del listado, la MUD apela a dos mecanismos: el acuerdo y las primarias. En este preciso momento, nos encontramos casi al final de la primera parte de este proceso, que, hoy debía haber sido presentada al país y que por las dificultadas propias de la construcción de consensos, fue postergada para después de Semana Santa.

La construcción de la lista de candidatos, ha sido un proceso intrincado que se ha desarrollado en diversas instancias de la MUD a lo largo y ancho del país, en un ambiente político adverso, signado adicionalmente por la tensión que ha intentado imprimir al trabajo de la mesa, la promoción, hecha por algunos grupos e individualidades, de un cambio en las reglas de juego acordadas, que propone la realización de primarias en todo el país. Muchos han sido los intercambios acerca de la factibilidad e idoneidad de esta propuesta, así como muchos han sido los cuestionamientos al trabajo de la mesa, basados en una supuesta actitud de los partidos políticos a excluir candidaturas, por preservar sus propias “agendas”.

Sin pretender abogar por un comportamiento intachable de la MUD, es importante recordar que los intereses particulares – cuya existencia es la base fundamental de la mencionada crítica- son naturales a las personas y a las organizaciones y además de natural, es deseable que existan. Por otra parte, los intereses colectivos no surgen de la nada, son determinados por las personas y por tanto, deben ser reconocidos por ellas para que se puedan identificar como tales, y nadie puede apropiarse del derecho a definir cuál es el interés colectivo sin contar con el concurso de los demás. Adicionalmente, lo ideal es que, antes que esperar que las personas y las organizaciones antepongan los intereses colectivos a los suyos, es preferible éstas que asuman dichos intereses como propios. Es por eso que la crítica romántica que propone que los partidos políticos hagan de lado sus agendas particulares, y los candidatos independientes sus agendas personales, para pensar primero en el país, carece de sentido propositivo, pues olvida que tanto los partidos como las individualidades, actúan desde la visión de país que tienen y de los intereses que reconocen como colectivos. La tarea entonces es la construcción de una visión colectiva, pero esa no es precisamente la tarea que tiene asignada la mesa, por tanto, la construcción de la lista y la agenda legislativa, tendrá que seguirse fraguando con base en la realidad política que tenemos, hasta que logremos que esta cambie.

Así, una vez presentada la lista con los acuerdos y realizadas las primarias, tendremos, en cuanto a candidatos, la mejor oferta electoral posible de acuerdo a nuestra realidad política. Esperamos que la combinatoria que se alcance, tenga al menos un buen balance que permita a la mayoría sentirse reflejada o representada en dicha oferta. El que tengamos claros los posibles alcances de este resultado, no quiere decir que no aspiremos a una mejor oferta, pero para avanzar y transformar nuestra realidad política, se requieren importantes cambios de fondo, tanto en las organizaciones de toda índole, como en la ciudadanía en general.

Por otra parte, para que ese listado de candidatos pueda ser electo, se necesita una campaña robusta y una maquinaria electoral que se encargue desde el apoyo a las actividades de campaña de los candidatos, hasta el cuidado de los votos el propio 26S. Esta segunda dimensión de la tarea, si bien se coordina desde la MUD, se instrumenta o se orquesta con el concurso de cada una de las organizaciones y de los grupos de apoyo ad hoc, constituidos en torno a este proceso electoral y a sus participantes. Esta dimensión es muy delicada y requiere también un esfuerzo especial, porque la campaña debe llegar a todos y cada uno de los rincones del país con una oferta electoral unificada, lo cual, no es nada fácil cuando ello está precedido de por proceso de primarias, en el que cada uno de los pre-candidatos ha trabajado por su propia propuesta de agenda. La construcción de una agenda legislativa para la oferta electoral unitaria, debería formar parte de la primera dimensión de la tarea de la MUD, pero en ella se requiere el concurso de todos, las organizaciones, las individualidades y los pre-candidatos. Esa, hasta ahora, es una delicada tarea pendiente.

Pero hay una tercera dimensión que es imprescindible para el óptimo cumplimiento de la tarea de la MUD: la constitución del listado de candidatos en un equipo de trabajo legislativo. En esta dimensión tienen responsabilidad las organizaciones que participan en la MUD y los propios candidatos. En esta parte de la tarea se requiere, entre otras cosas, de una declaración expresa de candidatos y pre-candidatos, en la que se comprometan tanto a ser efectivamente la voz que permita a los electores tener peso e incidencia en la definición de las políticas nacionales, como a construir un equipo con el resto de los candidatos de la opción unitaria que actúe, de forma concertada, en la definición de la agenda legislativa a impulsar desde la AN y de las estrategias y tácticas que seguirán una vez en ejercicio. Esto, entre otras cosas, requiere una búsqueda de consensos y disciplina muy alejada de los micrófonos a los que muchos están acostumbrados a acudir, cuando su posición no tiene éxito frente a la mayoría y sería ideal que el anuncio de la lista de candidatos que la MUD tiene pendiente, esté acompañado de un texto que enuncie el compromiso de candidatos y pre-candidatos, en el marco de la construcción de esta opción electoral unitaria, para que sea suscrito por ellos.

Finalmente, cabe recordar, que al igual que con lo que sucede con la MUD, los diputados que resulten electos de esta opción unitaria, tendrán una misión muy específica, no serán ni los nuevos Mesías, ni estarán dotados de una varita mágica. En lugar de ello, en lugar de ser asumidos como la futura “tabla de salvación”, tendrán, como la MUD, que moverse en el campo del tejido y la filigrana, para lo que, tanto los candidatos como sus electores tienen que tener muy claro que las dos demandas aquí enunciadas están en tensión, porque estos parlamentarios, además de buscar un efectivo mecanismo para lograr ser la voz de sus electores en las discusiones sobre lo nacional, por la coyuntura política, tendrán que concertar con el resto del equipo las posiciones y estrategias más adecuadas, pero ambas demandas se derivan de lo se perfila que será el ejercicio parlamentario en un ambiente político como el descrito al inicio de este texto.