Archivos del mes: 27 septiembre 2009

Carlos Vecchio: La AN le quita los reales a los Municipios

El Movimiento de Identidad Ciudadana (MIC), a través del Observatorio Parlamentario, alertó sobre la reciente decisión tomada por la Asamblea Nacional de afectar los ingresos de los municipios al disminuir el porcentaje de regalía de 2.22% a 1.11% que les correspondía por las actividades llevadas a cabo por las empresas mixtas petroleras. Ahora el 2.22% no será enviado a los Municipios sino a un Fondo Especial manejado directamente por el Presidente. El porcentaje es aplicado sobre el volumen extraído de crudo.

En este sentido, Carlos Vecchio, vocero de MIC, indicó que “la AN nuevamente le da un golpe a los Municipios y le reduce sus ingresos para dárselo al Ejecutivo Nacional. En lugar de acercar el poder a la gente, lo que hace es darle más poder al Presidente. Es un nuevo golpe a la descentralización para favorecer el centralismo. Esa medida denota un desespero del Ejecutivo Nacional de contar con más dinero para el año electoral que viene, dada la caída de los precios petroleros. Esta modificación de los convenios de empresas mixtas petroleras no estaba en la agenda legislativa de la AN para este período de sesiones. Esto reafirma lo que hemos venido denunciando, que la agenda de la AN se la monta el Ejecutivo. Sigue la agenda Clandestina de la AN que se dirige desde Miraflores, y, la actual junta directiva, a la cabeza de la Diputada Flores, ha alcahueteado ese abuso”

Esta medida se aparta de los principios constitucionales que consagran a Venezuela como un Estado federal descentralizado (art. 4 Constitución), y lo previsto en su artículo 158 que indica que la descentralización debe ser una política nacional para profundizar la democracia acercando el poder al pueblo. La descentralización es darle poder a los Estados y Municipios, y de esta forma acercar el poder al pueblo, no para darle poder al Presidente, resaltó Vecchio.

Vecchio a su vez recordó que la AN al aprobar el cese de los convenios operativos hace 3 años para que pasaran a ser empresas mixtas, trajo como consecuencia que las empresas privadas que llevaban a cabo dichos convenios dejaran de pagar impuestos municipales. En teoría, el monto de la regalía era para compensar a esos municipios. Ahora, sin ni siquiera consultar con los Municipios y revisar los números anunciados, la AN, de manera Express, y siguiendo instrucciones del Ejecutivo, aprueba ese cambio que perjudica a los Municipios, y con ello a la descentralización. Sin bien ahora se repartirá a todos los Municipios, el monto será menor. Y se deja a un lado su razón original de compensar a los municipios perjudicados.

Finalmente, Carlos Vecchio expresó que es hora de plantear una nueva relación Estado, ciudadano y petróleo.

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Una discusión inevitable / Vladimiro Mujica

La naturaleza del movimiento de resistencia contra el avance del fascismo en Venezuela, exige que algunos asuntos sean discutidos con inteligencia y apertura. En el tope de la agenda de discusión de los factores democráticos está el cómo combinar la protesta social con el escenario electoral. Una respuesta política integral no puede partir del supuesto de que hay que ocuparse de lo social y diferir el asunto electoral. Ambos elementos son sustanciales y eso exige pensar en cuáles son los obstáculos para actuar con la coherencia requerida.

Tanto las organizaciones de la sociedad civil como los partidos políticos han comprendido, adecuadamente, que la resistencia debe disputarle la agenda social al chavismo. Sobre ese terreno es indispensable crecer, pero no es aquí donde surgen las mayores diferencias sino, comprensiblemente, en el terreno de la participación electoral.

Individuos y organizaciones muy respetables han adelantando la opinión de que para los partidos políticos es indispensable acudir a las elecciones del año próximo con su propia tarjeta porque ello es fundamental, junto con programas y candidatos claramente identificados con esas agrupaciones, para propiciar la recuperación de los partidos. El tema es esencial porque fue precisamente la demolición de los partidos políticos lo que abrió la puerta para la aventura irresponsable del chavismo, así que cualquier cosa que contribuya a recuperar a las organizaciones políticas debe ser analizada con la mayor seriedad.

Pero la discusión no concluye aquí. En condiciones democráticas más o menos convencionales el argumento acerca de la singularidad de cada movimiento político es irrebatible. Pero la realidad es que estamos en circunstancias de democracia secuestrada por el abuso de poder y el control de las instituciones y enfrentados a una maquinaria fascistoide con liderazgo indiscutido. A ello se añade que la nueva legislación electoral obliga a los sectores democráticos a ganar no sólo los estados con mayor población sino también en algunos estados pequeños. Las desventajas para la oposición son tan grandes que es indispensable interrogarse acerca de la sabiduría de asistir con colores individuales a las elecciones de la AN.

Imaginemos un escenario de movilización popular para votar y defender el voto: Listas únicas, alianzas perfectas, tarjeta única y un programa compartido de acción en la AN. Los partidos se pueden beneficiar inmensamente del ambiente que esto generaría. Propiciar el renacimiento de los partidos puede requerir que el asunto de la identidad se difiera hasta que se recupere la democracia

El inicio del año escolar y la nueva LOE / Asamblea de Educación

¿Está tu escuela en condiciones adecuadas para el inicio de clases?

De acuerdo a lo pautado por el Ministerio de Educación, el inicio de clases será este 16 de septiembre.

Para poder iniciar las clases, las escuelas deben contar con condiciones óptimas de infraestructura y dotación. Además, las actividades que se realizarán en las escuelas a lo largo de todo el año escolar deben estar debidamente planificadas, por lo que los directivos y docentes, para este miércoles 16, ya deben haber realizado las jornadas de planificación y coordinación de actividades previas al inicio de clases, y deben haberlas presentado y consultado con los miembros de la Comunidad Educativa, tal como se desprende de lo contenido en el artículo 6 de la nueva LOE y de acuerdo a lo que ha sido una práctica recurrente, e incorporada en la normativa que ha regido el funcionamiento del sector, desde hace más de 15 años, pero también, de acuerdo a lo contenido en el artículo 62 de la Constitución Nacional.

Como parte de esta planificación, los directivos y docentes deben haber reorganizado las actividades escolares en 200 días, ya que, según el artículo 49 de la nueva Ley, “el año escolar tendrá 200 días hábiles”. Sin embargo, esto deben realizarlo en cada escuela, a pesar de que la organización del año escolar, en términos generales, esto es, la cantidad de días dedicados a actividades administrativas, la cantidad de días de clase y su distribución a lo largo del año, hasta el momento no está definida formalmente, ya que las disposiciones existentes en el Reglamento General de la LOE, quedaron derogadas con la aprobación de la nueva LOE y el artículo 49 sólo establece la duración total del año escolar.

Es por esto que, hasta la Asamblea Nacional promulgue la Ley Especial que regirá la organización y funcionamiento del subsistema de Educación Básica, y el Ministerio de Educación promulgue el Reglamento de la nueva LOE, en cada escuela se deberán tomar las previsiones para adecuar su programación a los 200 días, previsión que incluye planificación, programación y discusión con la Comunidad Educativa.

Por otra parte, si la escuela no cuenta con las condiciones óptimas de infraestructura y dotación para el inicio del año escolar, la Comunidad Educativa debe estar al tanto de la magnitud del problema, conocer sus detalles y discutir con su supervisor la mejor estrategia para solventar la situación y exigir a la zona educativa que la misma se ponga en práctica para garantizar que los niños no pierdan ni un solo día de clase.

La escuela debe ser un espacio de convivencia y comunidad educativa debe funcionar como un equipo

Frente a todo el ruido que se ha generado en las últimas semanas, con relación al clima que imperará en las escuelas al inicio del año escolar, y las amenazas realizadas por algunos sectores y organizaciones políticas, la Comunidad Educativa en pleno, debe trabajar para que la escuela se mantenga como un espacio de convivencia y rechazar todo intento de proselitismo político y de convertir a las escuelas en un campo de batalla en el que se pretenda disputar el apoyo o rechazo a la nueva LOE.

En su lugar, es fundamental que, todos los miembros de la comunidad educativa, independientemente de sus ideas, además de velar por el cumplimiento de las condiciones óptimas para el inicio y el desarrollo del año escolar, conozcan y debatan el contenido de la nueva LOE y sus consecuencias en el funcionamiento del sistema educativo. En esta tarea, la Comunidad Educativa deberá prestar especial atención a las normas que afecten y modifiquen el funcionamiento de la dinámica escolar, identificando los aspectos que pueden contribuir con el desarrollo de una educación de mayor calidad para todos, pero también identifiquen los vacíos existentes, las normas aún no desarrolladas y todas aquellas disposiciones que atenten en contra del derecho a la educación, estén en contradicción con lo establecido en la constitución o resulten antidemocráticas.

Sólo el conocimiento a fondo de la nueva LOE permitirá que las comunidades educativas y la ciudadanía en general, tenga una posición crítica y establezca la manera más democrática e inteligente de actuar.

Carta entregada hoy por Venezuela Libre al Embajador de España en Venezuela

Ciudadano
José Luis Rodríguez Zapatero
Presidente del Gobierno del Reino de España
Embajada de España en Venezuela
En sus manos.

Estimado señor Rodríguez Zapatero:

Las Organizaciones No Gubernamentales que suscribimos, afiliadas a la plataforma VENEZUELA LIBRE, Alianza por la Democracia, nos dirigimos muy respetuosamente a usted para expresarle algunas consideraciones con motivo de la visita que hará a su país el Presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías.

Respetamos y entendemos el derecho de todos los Estados a mantener relaciones diplomáticas con otros Estados, al margen del tipo de Gobierno que éstos tengan y tomando en consideración los intereses económicos, políticos, culturales o de cualquier orden de cada país. Pero al mismo tiempo conocemos la importancia del respeto a las normas de convivencia democrática, en función de los convenios internacionales sobre principios fundamentales reconocidos desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

El gobernante que usted recibirá en su país fue electo democráticamente por nuestro pueblo en 1998, hace ya 10 años, pero está violando sistemática y gravemente los principios constitucionales que animan la esencia de nuestra convivencia ciudadana. Por mencionar algunos hechos, acaba de ejecutar hace pocas semanas el cierre simultáneo de 32 radioemisoras y 2 televisoras, está amenazando públicamente con cerrar próximamente otras 29 radioemisoras y el canal de noticias Globovisión, sin contar el cierre efectuado hace más de 2 años de Radio Caracas Televisión. ¿Haría usted o le dejarían hacer algo así en España, sea cuales fueren las circunstancias?

En la gira que dicho mandatario está realizando, ha incluido visitas a gobernantes que están violando claramente los derechos humanos, jactándose públicamente de ofrecerles su apoyo, irrespetando con ello las decisiones de organizaciones multilaterales. En otros, ha anunciado el incremento de la carrera armamentista que irresponsablemente impulsa en Latinoamérica, en vez de centrar sus esfuerzos en mitigar la pobreza que hunde cada vez más a nuestros países en el subdesarrollo. Para colmo, insulta sin miramientos a gobernantes de diversos países, mediante un lenguaje guerrerista, sin mostrar un mínimo de decencia diplomática. ¿Apoya usted o su Gobierno este tipo de conductas?

Señor Rodríguez Zapatero: el Estado español se ha caracterizado por ser respetuoso de la ley y defensor de la justicia. Pero ¿sabía usted que los gases lacrimógenos que España vende a Venezuela son utilizados indiscriminada e indebidamente por nuestro Gobierno contra pacíficas manifestaciones? ¿Y que la protesta se criminaliza, castigando con cárcel injustificada e ilegal a ciudadanos que pacíficamente manifiestan disenso? ¿Y que las hordas pagadas con dinero oficial arremeten y agreden impunemente a los opositores al régimen? El ciudadano español José Manuel Vilas, asesinado el 1º de marzo de 2004, es una evidencia de tales desmanes, como lo hemos denunciado reiteradamente ante la Embajada de su país en Caracas.

Actualmente en Venezuela -tal como ocurre en todos los regímenes autocráticos- se cambian las leyes a capricho del mandamás de turno, aprovechando una circunstancial mayoría parlamentaria sin mayor legitimidad, electa con menos del 15% del apoyo popular. Fue así como recientemente se aprobó la grabación de llamadas telefónicas, sin que medie intervención judicial alguna, mediante la modificación del Código Orgánico Procesal Penal; se estableció el castigo con prisión para quien divulgue por cualquier medio de información lo que discrecionalmente se considere causante de zozobra al Gobierno; se penaliza con prisión el desacato o críticas a funcionarios públicos y a quienes éstos acusen de exposición al odio público. ¿Ocurre esto también en España?

Todo esto pasa en Venezuela, señor Presidente, sin que tengamos los venezolanos ni remota posibilidad de recurrir a la justicia ordinaria, pues la gran mayoría de los jueces son provisionales, son amenazados públicamente en su estabilidad laboral por quien ejerce el Gobierno Nacional y son destituidos cuando se atreven a tomar una decisión autónoma que sea contraria a los intereses oficiales.

Los casos son públicos y notorios; de ello podría dar fe la representación diplomática de su país en el nuestro, así como la inmensa mayoría de la colonia española residente en Venezuela. Pregunte usted a ellos, señor Rodríguez Zapatero, por los numerosos casos de confiscación ilegal de tierras, propiedades y empresas.

En nombre de la mayoría democrática de los venezolanos, así como también de esa numerosa colonia española en Venezuela -y no solo de las grandes empresas españolas, que más tarde o más temprano han sufrido o sufrirán por las decisiones caprichosas, arbitrarias, ilegales, inconstitucionales y violatorias de los derechos establecidos en nuestra Constitución Nacional- pedimos a usted que analice estos planteamientos y sepa diferenciarse de la actitud autocrática e irrespetuosa de su próximo visitante.

Atentamente,

Las Organizaciones No Gubernamentales asociadas a VENEZUELA LIBRE

Recentrar el tiro electoral / Vladimiro Mujica

Nuevamente asoma en algunos sectores la percepción de que el deterioro del régimen chavista en Venezuela es tal que podría sucumbir prontamente a sus propios desaciertos. Que el ángel de Chávez, ese que lo ha acompañado todos estos años, está gravemente maltrecho es demasiado evidente. Que la represión y el uso de métodos abiertamente fascistoides han ido lentamente desplazando a la magia del gran comunicador es también claro. Pero de estos hechos no se concluye que el desgaste va a propiciar su salida sin que la sociedad democrática haga su tarea hasta el final. Ello significa que es necesario seguir insistiendo en el tema electoral porque este es un ingrediente esencial para que la erosión de las bases del facho-chavismo continúe avanzando. Los próximos procesos electorales en el país, y muy especialmente las elecciones a la Asamblea Nacional, serán un campo de batalla privilegiado donde la convicción democrática del país será puesta a prueba.

Que el proceso de salida constitucional de Chávez no será puramente electoral, que requerirá de una enorme presión popular y apoyo internacional para torcerle la mano a un régimen cada vez más atrincherado en el poder, es también claro. La resistencia constitucional es un proceso multiforme que debe combinar todos los escenarios de protesta y desobediencia no violenta con los escenarios electorales.

Necesario es reconocer que se han producido importantes avances en el terreno de los sectores democráticos. La concertación alrededor de la mesa de la unidad es un innegable paso positivo, como lo son también iniciativas de la sociedad civil como Venezuela Libre que apuntan a coordinar los esfuerzos de importantes organizaciones de activismo ciudadano. Pero a pesar de estos avances, siguen allí los intratables conflictos de las organizaciones políticas, y también de la sociedad civil, que en el pasado han resultado muy costosos. He insistido en otras oportunidades, y lo hago nuevamente, en mi convicción de que los partidos políticos son indispensables para la democracia y que es necesario que estas organizaciones se fortalezcan. De la misma manera, creo que es un dato de la realidad que los partidos no pueden responder por la organización de las redes populares y de apoyo que son necesarias para garantizar la participación electoral, la defensa del voto y las acciones de protesta. La solución dorada pareciera ser una que combine la indispensable participación de los partidos con nuevas formas de organizaciones que tengan la flexibilidad que requieren estos tiempos. No es suficiente con organizar las redes populares y tampoco es una respuesta adecuada que los partidos controlen todo. Hay que salirse de este dilema con propuestas que atiendan los dos aspectos del problema.

La búsqueda de soluciones integrales: organización de redes, liderazgo unificado y participación de los partidos políticos en un esquema concertado es un problema complejo. No solamente por los elementos técnicos y conceptuales que los hay, y muchos, sino también por la cultura política venezolana y los intereses personales y de organizaciones que no pueden ser ignorados. Pero el primer paso para encontrar una solución es admitir que no la habrá si no se tienen en cuenta todos los elementos. Las soluciones parciales son inviables porque quienes se sientan dejados de lado se van a convertir en enemigos silentes o activos. Por otro lado, esperar mucho más para resolver el tema de las candidaturas a la AN convertiría en ociosa la discusión sencillamente porque los tiempos serían insuficientes para resolver los problemas prácticos.

Así las cosas, creo que hay que re-examinar la propuesta de alianzas perfectas, con listas y tarjeta únicas. Es innegable que el argumento de algunos partidos para oponerse a la tarjeta única es respetable y valedero. En esencia éste se reduce a plantear que para los partidos, sobre todo los más grandes, es una pérdida de identidad política el asistir a las elecciones tras una tarjeta única. ¿Cómo se puede plantear fortalecer a los partidos si no se les permite mostrar sus símbolos y programas? Argumento inobjetable en condiciones ordinarias del juego democrático, discutible en las condiciones actuales. El poderoso mensaje de unidad democrática y de propuesta alternativa que se enviaría a Venezuela y al mundo, participando en una elección con listas y tarjeta únicas y un programa claro para los legisladores no puede ser ignorado. De hecho, contribuiría de manera determinante a darle a las elecciones de la AN el carácter de un proceso constituyente para re-equilibrar al país.

Por otro lado, está el hecho de que si no se reproduce punto por punto la disciplina electoral chavista para competir con la grosera y abusiva ley de procesos electorales aprobada recientemente, el país democrático no tiene ninguna posibilidad. En una elección cerrada con el chavismo disciplinado y la oposición díscola y confundida, un resultado 48%-52%, dando por ganador al chavismo, se puede transformar en un control del 70% de la AN. Pero esto NO es un resultado inexorable. El abuso abrió la puerta para que si la oposición logra ganar en algunos estados muy disputados el resultado se pueda atenuar sustancialmente. Pero para ello necesitamos disciplina e información sencilla y fácil de transmitir a los electores en un escenario donde también tendremos en contra al CNE. Tarjeta única, y alianzas doradas en todas las circunscripciones es fácil de explicar y es el mejor remedio contra las morochas legalizadas.

Mientras más rápido terminemos por aceptar que estos no son los tiempos de la diferenciación natural del juego político, sino del combate por la democracia y contra la destrucción del país mejor podremos enfrentar a un adversario que no conoce límites a su abuso. Ya vendrán los tiempos normales donde cada partido podrá jugar su juego abiertamente, por ahora, o nos salvamos todos juntos o no se salvará nadie.

ND. 3 septiembre 2009

Marchar es un derecho / Óscar Lucien


1 La reciente decisión del juez chileno Víctor Montiglio de someter a la justicia a 129 miembros del ejército, de la fuerza aérea, de la armada y de la policía uniformada de Chile, por la desaparición de militantes de izquierda y por el asesinato de una directiva completa del Partido Comunista bajo la dictadura de Augusto Pinochet, es una muy buena noticia no sólo para Chile, sino para la comunidad internacional y, en particular, para Venezuela. Los pichones de goriletes venezolanos que hacen arengas políticas y reprimen las manifestaciones ciudadanas utilizando el gas del bueno que les ordena el teniente coronel Chávez, deben verse en ese espejo: la justicia tarda pero llega. De hecho, las condecoraciones y halagos recibidos por reprimir manifestaciones pacíficas y por asfixiar con gases tóxicos a niños, mujeres y ancianos no sólo serán agravantes a la hora de juzgar sus casos, sino que quedarán como una mancha de indignidad mayor por su violación de la Constitución. Cuando los militares venezolanos repiten histéricos la consigna castrocomunista de “patria, socialismo o muerte”, cuando se comportan como guardia pretoriana del teniente coronel Chávez y dirigen sus armas contra el pueblo que legítimamente protesta en las calles, faltan a su juramento y violan la Constitución. El artículo 328 de nuestra carta magna es demasiado claro: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política… En el cumplimiento de sus funciones está al servicio exclusivo de la nación y en ningún caso al de persona o parcialidad alguna”.

De no reflexionar a tiempo y someterse al espíritu y letra de la Constitución, de seguir como comparsa ciega el plan oficialista de criminalizar la disidencia, de operar como cómplices necesarios de la perversa operación de judicializar la política o politizar la justicia, a los militares venezolanos les espera en un futuro no muy lejano un juez Montiglio, que los sentará en el banquillo de los acusados. Y no como un acto de retaliación política sino en estricto apego a los preceptos constitucionales, que establecen que “Todo acto dictado en ejercicio del Poder Público que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constitución y la ley es nulo, y los funcionarios públicos y funcionarias públicas que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa,… sin que les sirvan de excusa órdenes superiores”.

Lean bien, señores de la Fuerza Armada Nacional, la Constitución no dice bolivariana ni revolucionaria, ni mucho menos socialista. Chávez intentó esos cambios en su inconstitucional proyecto de reforma, y el pueblo soberano votó No. Y en una democracia se respeta la voluntad popular.

2 Marchar es un derecho garantizado en el artículo 68 de la Constitución. Más aún, en el mismo texto que establece el derecho a manifestar, se consagra la prohibición de usar armas de fuego y el empleo de sustancias tóxicas. En consecuencia, cuando la señora Luisa -quien más que fiscal general de la República y máxima representante del Ministerio Público parece actuar bajo las directrices de Chávez- utiliza un discurso intimidatorio y recuerda impertinentemente artículos del Código Penal susceptibles de ser aplicados a los manifestantes, criminaliza la protesta. Esta señora, autora frustrada de una ley de delitos mediáticos que consagra el delito de opinión y propone penas de cárcel para quien piense distinto al pensamiento único del régimen chapista, ha invitado a leer el artículo 285 para escudar su conducta en las atribuciones que le consagra la Constitución. Vale la pena leerlo, y como lo leí, me parece que la señora fiscal no lo ha leído y si lo leyó, no lo entendió. ¿Cómo entiende la señora Fiscal la primera atribución de su cargo de velar por el respeto de los derechos y las garantías constitucionales?

3 La sociedad democrática ha convocado a una marcha para el sábado 5 de septiembre hasta la Fiscalía General, por la libertad de los presos políticos, el rechazo a la Ley de Educación, la defensa de las garantías constitucionales y la libertad de expresión. Suficientes razones para que nadie se quede en su casa y demuestre en la calle su compromiso de vivir en libertad, en democracia. El discurso intimidatorio de la señora Fiscal, y sus amenazas que criminalizan la protesta no pueden inhibirnos de expresar en la calle nuestro descontento y nuestra apuesta por una alternativa política, democrática, de ciudadanos libres y no de esclavos de la ideología castrochavista de “patria, socialismo y (más) muerte”.