Archivos del mes: 31 julio 2009

¡DIPUTADOS POR INTERÉS Y NO POR PRINCIPIOS!

MATEO ELECTORAL EN LA ASAMBLEA NACIONAL

La Ley de Procesos Electorales fue aprobada en la Asamblea Nacional vía “express”, confirmando que no estamos en una democracia participativa ni protagónica sino en una que quiere imponer todo desde el poder sin discutir nada.

El texto de la Ley aprobada es contrario al espíritu establecido en nuestra Constitución y a los principios democráticos porque:

1. No garantiza la representación proporcional (Art.63 CN) por cuanto permite que en órganos como la Asamblea Nacional, un partido con el 40% de los votos se lleve casi el 80 % de los cargos, dejando a los otros sin representación y tergiversando la voluntad popular.

2. Le da todo el poder al CNE, dejando importantes vacíos que pudieran llenarse arbitrariamente. La Ley del sufragio y participación política, y nuestra Constitución otorgan este poder directamente a los ciudadanos, a través de las mesas, centros electorales,vecindades electorales, entre otros.

3. Discrimina entre electores de los distintos Estados, al establecer porcentajes diferentes en cada uno de ellos para escoger diputados por nombre y apellido y por listas, haciendo algunos Estados menos plurales que otros, todo lo cual viola la Constitución (Art.21 y 293)

4. Se eliminan los avances que se habían logrado para generar transparencia en los procesos electorales, (Art. 293 CN). Se deja al CNE con la mayor discrecionalidad para ir definiendo las reglas del juego sobre la marcha en lugar de tenerlas claramente definidas en la Ley.

La Ley de los Procesos Electorales establece el sistema electoral venezolano, el cual ha debido reunir el consenso de todos los actores políticos.
Este proyecto de Ley no solo no reúne el consenso de todos los venezolanos, sino que implica un retroceso claro en materia electoral.

Tal y como fue reconocido por el diputado del partido comunista, la Ley electoral se aprueba para convertirse en “una herramienta para sostener y profundizar el control de la revolución en el parlamento”, a pesar de que viola el principio de representación proporcional que históricamente ellos han defendido. No se aprueba mirando la Constitución, sino los intereses del grupo oficial. Una burla más contra el pueblo.

DIPUTADOS…

¡UNA VEZ MAS NO ESCUCHARON AL PUEBLO SINO A SUS PROPIOS INTERESES!

Denle más duro a esa bicha / Óscar Lucien


La frase no fue escuchada en la barra del algún prostíbulo de esos que Chávez confesó visitar en sus fogosos días de subteniente. “Denle más duro a esa bicha” tronó en los pasillos del Capitolio Federal el pasado 25 de julio a la llegada del Comandante-Presidente (sic). Por eso es compresible que cuando el teniente coronel Chávez sonó la diana en el podio de oradores de la Asamblea Nacional y ordenó una nueva ley habilitante para él solito intentar, una vez más, meternos de contrabando la rechazada reforma inconstitucional del 2007, los parlamentarios (y las parlamentarias) saltaron en sus curules y gritaron ¡yes!

¿Visto su ineficiente y borrego desempeño a quién puede extrañar que los diputados (y las diputadas) venezolanos estén dispuestos a desprenderse tan fácilmente de sus atribuciones y responsabilidades legislativas? ¿Quién puede sorprenderse del gusto del teniente coronel en la elaboración de leyes si, en razón de las sucesivas habilitaciones legislativas, durante un tercio de su mandato ha sido simultáneamente jefe del Ejecutivo y máximo legislador de la república? ¿Obligar a la Asamblea Nacional o abrogarse para si mismo el derecho de producir para el 15 de diciembre de este año las “leyes inexorables, revolucionarias”, que nos conducirán al Socialismo (sic), no es acaso el anuncio de la violación masiva a la Constitución?

¿Valdrá la pena recordar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, apodada “La bicha” por el mismísimo teniente coronel Chávez, consagra un su preámbulo “el fin supremo de refundar la República para establecer una sociedad democrática, participativa y protagónica, multiétnica y pluricultural en un Estado de justicia, federal y descentralizado, que consolide los valores de la libertad, la independencia, la paz, la solidaridad, el bien común, la integridad territorial, la convivencia y el imperio de la ley para esta y las futuras generaciones; asegure el derecho a la vida, al trabajo, a la cultura, a la educación, a la justicia social y a la igualdad sin discriminación ni subordinación alguna; promueva la cooperación pacífica entre las naciones e impulse y consolide la integración latinoamericana de acuerdo con el principio de no intervención y autodeterminación de los pueblos, la garantía universal e indivisible de los derechos humanos, la democratización de la sociedad internacional, el desarme nuclear, el equilibrio ecológico y los bienes jurídicos ambientales como patrimonio común e irrenunciable de la humanidad”?

¿Cómo es que ahora la Asamblea Nacional, o el teniente coronel habilitado, va a vomitar un nuevo paquete de leyes para adecuar la Constitución al modelo socialista? Un breve repaso por los contenidos principistas, socio-económicos, filosóficos y políticos del preámbulo de nuestra Carta Magna pone en evidencia la traición de esos parlamentarios (y parlamentarias) a la esencia del mandato del poder constituyente del pueblo venezolano. Asimismo se pone de bulto la vergonzosa mora en el esencial tejido legislativo para cumplir con los derechos y garantías contenida en la “mejor Constitución del planeta”. ¿Qué puede esperarse de una Asamblea Nacional que ha cedido tres años de sus obligaciones parlamentarios (sin dejar de percibir sus altos sueldos) para que el teniente coronel Chávez le cocine las leyes?

Se aprobó una nueva Constitución para establecer una sociedad democrática, en consecuencia, el socialismo que Chávez pretende imponernos, valiéndose de la conversión de nuestra Fuerza Armada Nacional en una guardia pretoriana, es contrario a la Constitución. Cuando se desconocen a las autoridades locales y regionales electas por mandato popular, cuando se le revierten sus atribuciones sobre puertos, aeropuertos, peajes, hospitales; cuando se nombra jefes de gobierno o autoridades únicas, militares o no, se viola la Constitución. Cuando se entrega nuestra soberanía a agentes cubanos para controlen los registros públicos, la seguridad, los hospitales y supervisen la educación, se viola la Constitución. Cuando se cede porciones de nuestro territorio mediante venta de petróleo a futuro a Brasil, China o Japón se viola la Constitución. Cuando se le ofrece a Rusia posibilidad de establecer bases militares en Venezuela se viola la Constitución. Cuando se regala nuestro petróleo y se le usa como chantaje para la imposición de la franquicia chavista “asamblea constituyente en manos” en países pobres de Centroamérica y en otras regiones del continente se corrompe la Constitución.

¿Qué significan entonces las leyes inexorables, revolucionarias que se nos anuncian para el 15 de diciembre? ¿Aceptaremos los venezolanos, dócilmente, que le den más duro a “la bicha”? Activémonos, Venezuela no es un prostíbulo ni un cuartel…!

Condecoración Gorichaveti / Óscar Lucien


La publicación del remitido contra el gobierno de facto en Honduras firmado por las presidentas que el teniente coronel tiene al frente de los poderes públicos venezolanos trajo a mi mente el curioso vocablo de “disociación psicótica”.

Los partidarios del teniente coronel suelen valerse de la expresión disociación psicótica para denigrar de los opositores que no se tragan la monserga del socialismo del siglo XXI y protestan ante los ataques sistemáticos a la libertad de expresión, a la autonomía de los poderes públicos y otras violaciones a la Constitución. La expresión no deja de causarme risa, si bien no tengo muy claro la validez o pertinencia de tal vocablo. Por el contexto en que suelen utilizarla creo entender que “disociados” son todos aquellos que ven televisión y escuchan la radio privada; que disociación psicótica es una enfermedad que producen los medios y en particular Globovisión al mostrar realidades y divulgar opiniones que no se compadecen con los logros de la revolución (sic).

Releo el remitido contra el gobierno de facto en Honduras de las presidentas que el teniente coronel Chávez tiene al frente de los poderes públicos venezolanos y el término disociación psicótica me aparece persistente como la luz intermitente de una alarma, sobre todo cuando reparo en el nombre de una de sus signatarias, la señora Luisa Estella, Presidenta del TSJ. Dejaré los resquicios de esta curiosa asociación mental para profesionales de la psicología, pero en lo personal he encontrado un indicio de respuesta leyendo el nuevo recurso de nulidad por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad contra el Decreto-ley Orden 4F (Condecoración Gorichaveti) que la asociación civil Ciudadanía Activa presentó esta semana ante el TSJ. Sin disponer de ningún entrenamiento o competencia psicológica para validar mi intuición, algo me indica que la curiosa asociación mental con la frase “disociación psicótica” tiene relación con la señora
Luisa Estella, que, en su condición de magistrada ponente y presidenta de la Sala Constitucional, desestimó (por supuesto desintéres de la parte reclamante) una primera acción de Ciudadanía Activa contra el Decreto-ley Orden 4F (Condecoración Gorichaveti).

Este decreto, en la consideración de esta ONG promotora de los valores democráticos, constituye una apología del delito, una transgresión de la misma entidad de la que ella, Luisa Estella, rechaza públicamente en su remitido contra el golpe en Honduras.

Recordemos que este Decreto-Ley Orden 4F, establece en su primer artículo que: “El objeto de la presente Ley es crear la condecoración Orden 4 de Febrero en su única clase, destinada a reconocer el heroísmo, la excelencia, la abnegación de servicio, y el patriotismo bolivariano de todas aquellas personas militares, civiles y los estandartes y Unidades militares, que con su ética y responsabilidad personal de servidor público, el día 4 de Febrero de 1992, lucharon con gallardía contra el viejo paradigma de la democracia bipartidista y corrupta, con el propósito de refundar la República y así darle paso a esta nueva alternativa”. (El lector puede agregar la grosería de su gusto).

Sin dejar de lado otro de los aspectos sustanciales de la iniciativa de nulidad de este decreto ley, como lo es la denuncia de la no correspondencia de una orden destinada a “reconocer el heroísmo, la excelencia, la abnegación de servicio, y el patriotismo”, con las directrices, propósito y marco de las materias delegadas en la Ley Habilitante, lo que se pone de bulto es que el DecretoLey Orden 4F (Condecoración Gorichaveti) pretende exaltar a las personas que contribuyeron a la ejecución del golpe de Estado del 4 de febrero de 1992. Exaltar un día sangriento, en el cual unos militares felones tomaron las armas de la República para sacar del poder a un presidente constitucional, no puede sino ser objeto de rechazo de quien se considera demócrata. Las armas no son el camino para cambiar gobiernos, sino los votos. El cruento intento de golpe militar del 4 de febrero de 1992 y su glorificación en el Decreto-Ley Orden 4F, en lugar de promover los
principios democráticos, promueven los principios de la violencia. Quien firma un remitido rechazando un golpe militar en el hermano país de Honduras no puede sino actuar diligentemente en resguardo de los principios democráticos de la Constitución venezolana y, en consecuencia, debería anular la Condecoración Gorichaveti. Está en sus manos. Y es público y notorio el interés de la parte reclamante. ¿O será que también sufro de “disociación psicótica”?

Encuentro Ciudadano por una Educación Democrática

Quienes suscriben este documento, preocupados por el destino de la educación en el país, queremos llamar la atención de la opinión pública nacional por la existencia de una serie de decisiones, resoluciones y acuerdos que, por vía de hecho, modifican la institucionalidad educativa, vulneran el derecho a la educación, y constituyen una guía para la aprobación inconsulta de la nueva Ley Orgánica de Educación, pese a sus claros vicios de inconstitucionalidad.

Es por ello que fijamos posición pública ante el inicio del debate de ese instrumento legal en la Asamblea Nacional.

Con fundamento en lo establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela pensamos que a los efectos de la ley deben considerarse los siguientes aspectos:

1.- Asumir el proceso educativo con una visión democrática, basada en los principios de libertad de conciencia, solidaridad, tolerancia, respeto, justicia, y abierto a todas las corrientes del pensamiento. Un proceso en fin sustentado en los adelantos científicos y pedagógicos y que tenga como norte la calidad académica, libre de injerencias partidistas o de naturaleza no académica

2.- Ratificar la tesis del Estado Docente, vale decir, de la rectoría del Estado en materia educativa, pero en modo alguno entendido como mecanismo de intervención sistemática en el ámbito educativo con el objeto de imponer una ideología única y una subordinación militante. El Estado Docente, conforme a la visión de los grandes educadores que lo diseñaron ha de desenvolverse en los principios constitucionales, que, de la manera más inequívoca consagran el pluralismo, la autonomía, la libertad de cátedra y la formación de educandos con conciencia crítica y capacidad de elección. Por otra parte, en la Carta Magna se definen las competencias en materia educativa de los Ministerios del ramo y de las gobernaciones y alcaldías, en el marco estricto de la descentralización y con base en la participación de todos los sectores vinculados al hecho educativo, sin exclusiones ni discriminaciones sectarias. El Estado Docente está obligado a garantizar y no a desconocer esos principios

3.- Precisamente por eso, se trata de definir y crear los espacios y mecanismos de participación que permitan el desarrollo fluido de lo establecido en el artículo 62 de la Constitución, que consagra la participación ciudadana en todos los niveles, vale decir: en la definición, la ejecución y la evaluación y el seguimiento de las políticas públicas en materia educativa. En ese orden de ideas, para la formación ciudadana y el desarrollo integral de los sectores relacionados con el hecho educativo, han de garantizarse la autonomía pedagógica, de organización y gestión en las instituciones educativas y el papel fundamental de la familia, perfectamente definido en el concepto legal de comunidad educativa.

4.- La inclusión social y la calidad educativa deben ser cuestiones esenciales totalmente compatibles en la ley, y por lo tanto sin sacrificar una a la otra. Para que así sea, han de estar acompañadas de una política de compensación de las desigualdades personales, culturales y económicas en beneficio de los sectores más pobres de la población, sin menoscabo de la calidad de la enseñanza. Todo lo cual exige la atención prioritaria a la inversión en educación, la atención integral del educando, la dotación de recursos materiales, la supervisión y evaluación del sistema educativo, y la experimentación y renovación pedagógicas.

5.- La profesión docente, fundamento del funcionamiento de la educación, debe ser protegida y respetada con sueldos dignos, garantía de libertad de conciencia, de libertad de cátedra, del derecho a agremiarse legalmente conforme a los dictados de su conciencia, y protegida con el diseño de mecanismos de ingreso, estabilidad y ascenso basados en criterios académicos y no en identificaciones políticas o ideológicas, tal como, por lo demás, lo establece la Constitución Nacional.

6.- La formación de los docentes debe hacerse desde una visión integral, fundamentada en los saberes científicos y pedagógicos propios de la disciplina y con una elevada responsabilidad social, evitando de esta manera las orientaciones sectarias, dogmáticas, unidimensionales y sesgadas hacia un único enfoque de pensamiento revestido como verdad revelada. Las universidades tendrán la responsabilidad, en el marco de su autonomía, de diseñar los currícula tomando en cuenta los requerimientos de los programas educativos vigentes y también los aportes universales en materia educativa.

7.- La educación es un servicio público de calidad, bajo la rectoría del Estado, a cuya atención están obligados todos los ciudadanos y no exclusivamente las autoridades educativas, conforme a los principios de protagonismo y corresponsabilidad previstos en la Constitución. Estado Docente no significa proscripción de la iniciativa privada, sino que por el contrario la implica y necesita, razón por la cual, debe ser respetada y estimulada.

Solicitamos a la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional que, en la segunda discusión, tome como base el proyecto aprobado por unanimidad en primera discusión en agosto de 2001, y al propio tiempo que adopte medidas para que esta ley tan importante para el destino del país emane de un debate nacional, inclusivo, con la participación democrática y plural del país y especialmente de todos los actores involucrados en el hecho educativo. Creemos que lo más fructífero es el consenso enriquecedor. Queremos contribuir a él en forma franca y respetuosa, en un clima constructivo y creador.

En ese sentido, solicitamos formalmente que antes de que sea sometido a segunda discusión en la plenaria, nos sea entregada una copia del proyecto, a fin de poder realizar las contribuciones pertinentes, siempre en busca de una ley del más amplio consenso y no resultado lamentable de una imposición.

Comisión coordinadora:

Eleazar Narváez – Asociación de Profesores de la UCV
Josefina Tugnes – Asociación de Profesores de la UNA
Andrés Suárez – Centro de Estudiantes de la Escuela de Educación de la UCAB
Tulio Ramírez – Foro Interuniversitario
Olga Ramos – Asamblea de Educación
Eyra Valdivieso – Escuela de Educación de la UCV
Yanira Hernández – Escuela de Educación de la UCAB
Raquel Figueroa – Movimiento Simón Rodríguez
Orlando Alzuru – Federación Venezolana de Maestros
Fausto Romeo – Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada
Iván Feo – Frente Democrático Universitario
Víctor Rago – Foro Ucevista
José Luís Farías – Secretaría de educación de un Nuevo Tiempo
Ismael Rodríguez Bello – Consejo de Profesores Jubilados y Pensionados de la UPEL
Sergio Sáez – Foro Interuniversitario
Francisco Sayago – Foro Interuniversitario

APUCV. Caracas, 21 de julio de 2009.

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Weiji / Vladimiro Mujica

Uno de los escenarios más inquietantes en que puede degenerar la situación de desgobierno y provocación a la población que reina en Venezuela es el caos. El escenario caótico se caracteriza por la proliferación de acciones espontáneas de la población sin coordinación previa, incremento de la represión, eventuales enfrentamientos civiles y acciones militares. Las rutas hacia el caos son diversas y su estallido esencialmente impredecible. Es, sin embargo, perfectamente posible evaluar el potencial crítico de una situación y, sobre todo, las consecuencias políticas, económicas y sociales de una situación caótica.

Si a algún país se le puede aplicar el refrán “Las apariencias engañan” es a Venezuela. El gobierno autoritario de Hugo Chávez se ha ido tornando cada vez más represivo en la medida en que no termina por lograr su objetivo de control total de la sociedad venezolana. Pareciera que el avance totalitario del gobierno es indetenible, pero por todos lados afloran casi a diario manifestaciones del descontento popular que se mueve como mar de fondo. Hoy son los transportistas por la inseguridad que nos amenaza a todos pero que se ceba especialmente sobre ellos. Mañana los universitarios por el descaro con que los antiguos defensores de la autonomía universitaria, hoy devenidos ministros del régimen, Acuña y Navarro, pretenden convertir a las universidades en patios cuartelarios de repetición de la monserga del socialismo del siglo XXI. Otro día son los trabajadores despedidos o reasignados por la vesania de las acciones de la “nueva” PDVSA de nacionalizar todos los espacios del negocio petrolero. Especial atención reciben las protestas de Curiepe por el intento de desalojo de la policía por las bandas chavistas y el gravísimo conflicto que se extiende sobre Guayana.

Si Curiepe revela la fuerza espontánea de la protesta popular, también llama la atención porque la misma reúne al pueblo sin distingos de afiliación política. Eso es lo que le causa más temor a quienes se creen dueños del país: eventos que borren la línea divisoria entre ellos y nosotros; acciones que atenten contra la polarización de la que se nutre como savia del odio el mal llamado árbol de las tres raíces del imaginario chavista. Curiepe también revela al extremo en que el chavismo está dispuesto a defenderse: La acción de la Guardia Nacional Bolivariana, devenida auténtica fuerza pretoriana del régimen, armada hasta los dientes contra los tamboreros de Curiepe fue de una brutalidad considerable. Terminadas las negociaciones, agotado el infame discurso del resentimiento y del odio y de echarle la culpa a un pasado que ya es el chavismo mismo, al gobierno no le queda más que recurrir a la violencia. Curiepe es también importante porque las acciones que se dieron allá no estaban dirigidas por ningún partido político. Esa espontaneidad, que es una fortaleza es, al mismo tiempo, una gran debilidad por el potencial que tiene para desencadenar eventos que pueden conducir a un estallido caótico en el país.

Aparte de reunir las mismas características de agrupar a sectores opositores y disidentes del chavismo, lo que está ocurriendo en Guayana es testimonio de la condición autoritaria y represiva del régimen en un espacio que les debería ser afecto. Ya se ha escrito en varias oportunidades que la chavista es una revolución sin estudiantes y sin obreros. Todos los burdos intentos por conformar sindicatos y uniones estudiantiles paralelas se han enfrentado a la dura realidad: Esencialmente cualquier elección en el medio sindical o estudiantil que se ha dado en los últimos tres años ha sido perdida por los auto-denominados bolivarianos. Pero Guayana ejemplifica la condición de patrono abusivo y explotador, casi que podría utilizarse la calificación de Socialismo Salvaje para la criatura inventada por Chávez. No hay convención internacional ni disposición constitucional venezolana que no ha ya sido violada por el Estado-Patrón dirigido por el Comandante. El último discurso de Rafael Ramírez, el notorio Rojo-Rojito, no deja lugar a dudas sobre el carácter fascista de la relación con el sector sindical que pretende el chavismo. Los jefes del Socialismo Salvaje no negocian sino con los sindicatos revolucionarios y eso solamente si éstos acuden de rodillas.

Retorno al argumento del caos. Los sectores que están estimulando la construcción de una alternativa democrática deben estar especialmente atentos a intervenir en situaciones en las que se presentan oportunidades como las de Guayana donde se evidencian las peores características del régimen y se produce la unificación del pueblo. Ello es indispensable precisamente porque lo que buscamos no es un estallido caótico sino una salida constitucional del régimen chavista que lleve ordenadamente a una transición no violenta. Ese es nuestro objetivo y el del chavismo impedirlo. El caos es un escenario que puede favorecer al régimen que tiene todo el poder de fuego o, peor aún, a una aventura militarista goriloide que nadie quiere.

En Guayana está en juego mucho más que un conflicto local. La incompetencia supina del tren de administradores bolivarianos que han pasado por la región y la decisión, que ahora se revela inmanejable, de nacionalizar todo ,están generando un escenario explosivo que nos compete a todos los venezolanos y que es necesario convertir en un conflicto nacional que aliente una discusión acerca de cómo se está destruyendo el país. Los irresponsables que dirigen a Venezuela dan por pérdidas a las industrias básicas porque ya no saben qué hacer con la situación. Es ahora cuando una intervención decisiva de los sectores de la alternativa democrática, con ideas y acciones para que este conflicto avance por el camino de la no violencia hacia convertirse en una protesta nacional, debe producirse. En idioma chino la palabra crisis, Weiji, se compone de dos ideogramas: Wei, que se traduce como peligro, y Ji como oportunidad. También nosotros podemos aprender de los chinos.

¿Qué pasó? /Ana Black


¿Qué pasó con el país? ¿Qué pasó con aquella fórmula tan digna de mantener un solo pensamiento, un solo discurso, una misma idea a prueba de toda conveniencia, interés, beneficio o ventaja?

¿Cuándo fue que borraron de nuestra historia más recientita el sangriento golpe de estado que dio El Mandador en 1992? ¿A partir de cuál fecha él dejó de ser Gorila?

¿Cuándo se nos olvidó que invadir países e interferir en asuntos ajenos es chimbo?

¿A dónde se fueron los principios que hasta hace un par de semanas nos hacían clamar contra los embargos económicos a países desprotegidos?

¿Cuándo fue que se descalabró el país? ¿Dónde estaba yo cuando empezó a ser válido, natural y hasta gracioso que la Presidenta (te, to, ti, tu, novayaser…) del Tribunal Supremo de Justicia amenace a una periodista con cualquier cosa, mucho menos con una cosa tan poco seria como un espinito? ¿O normal ver a la Fiscala gagueando la justificación de sus desmanes?

Qué pasó para que el Multiministro perdiera la sindéresis al punto de arriesgarse –ofendido– con un paquetito de nuevas leyes porque a Telesur y a VTV le bajan el volumen en las empresas de TV por cable ¡cuando este régimen ignora a los medios que no le hacen el juego! ¡Los ignora, los negrea, perdón, los afrodescendientea, les prohíbe la entrada a las instalaciones oficiales, les niega declaraciones!

¿Qué generó tanta ira contra grupos que defienden una vainita tan inocua –y anhelada– … –y querida por los patronos del Régimen– como la propiedad privada?

¿Cuándo fue que dejamos de ser venezolanos para convertirnos en bolivarianos versión reguetón?

¿Quién en este país votó por vivir en un régimen marxista? ¿Cuándo se dieron esas elecciones que me las perdí? ¿Cómo decía el tarjetón? ¿Cuánta gente se pintó el dedito de morado para votar que sí al comunismo? ¿Cuántos venezolanos aceptaron –vía voto electrónico, directo, secreto y capta huella de por medio- renunciar a sus esfuerzos personales para aclamar el colectivismo? ¿En qué momento se decretó que los venezolanos desdeñamos conceptos de prosperidad, progreso, bienestar económico? ¡Coño, cuándo fue eso!

¿A quién se le olvidó que este es un país forjado por gente que vino de abajo o vino de afuera?

¿En qué momento nos convertimos en un país de éstos y aquellos, de unos y otros, de míos y tuyos, de aquí y allá?

¿Cuándo fue que decretaron que en Venezuela unos pobladores son ciudadanos y otros –y me perdonan pero si mi abuelita, tan decente, lo decía no debe ser incorrecto- somos pupú de perro? ¿Cuándo fue que se institucionalizó que yo, mi hija, mi madre, mis hermanos y amigos tengamos que soportar los insultos, las ofensas y humillaciones constantes del presidente de este país y sus adláteres? ¿Cuándo cambiaron las normas del buen y justo gobernante?

¿Quién partió al país por la mitad?

¿Por qué yo debo temer que el vigilante de mi edificio sea chavista si es un hombre amable que me conoce desde hace más de 25 años?

¿Quién puede creer que queramos ser una nación de delatores de nuestros hijos, acusetas de nuestros padres, sapos de nuestros patronos, espías de nuestros vecinos?

¿Ah?

Ciudadanos o pioneritos / Efrén Rodríguez Toro


Una educación de calidad es el principal bien público para fomentar la igualdad de oportunidades y combatir la pobreza. La educación, sea ésta de gestión oficial, privada o mixta, puede ser definida como tal porque responde al interés general de los ciudadanos y porque, al menos teóricamente, todos podemos beneficiarnos de ella.

Sin embargo, entre las diferentes caracterizaciones de bien público formuladas por la literatura económica, la educación es un bien público de naturaleza impura. El economista español Juan Carlos Martínez Coll nos lo explica de la siguiente manera: «En principio, el hecho de que asista un alumno más a las clases en nuestra Facultad no provoca que la cantidad de educación percibida por los demás disminuya (…), pero lo que es cierto para un sólo individuo no se cumple para un número más elevado; una Universidad masificada y una clase abarrotada implican una disminución evidente de la calidad de la enseñanza».

Por otra parte, explica Martínez Coll, «hay algunos bienes cuyo suministro no varía por el hecho de que una o muchas personas los estén consumiendo; por ejemplo, las emisiones de TV por ondas aéreas: sea cual sea la cantidad de receptores que tengan sintonizada una emisora, cualquier otro podrá sintonizarla también sin que haya ninguna pérdida de calidad». En este caso, hablaríamos de un bien público de naturaleza pura.

Dicho esto, convendría señalar que la actual «discusión» de la Ley Orgánica de Educación de Venezuela, planteada por la actual Asamblea Nacional, pareciera importarle muy poco este tipo de consideraciones, ya que su objetivo fundamental es el de «construir al hombre nuevo de la revolución bolivariana», según los dictados del Presidente de la República y bajo la amenaza permanente de estatizar todo el sistema educativo. La educación vista como un bien de titularidad pública, que no es lo mismo ni se escribe igual.

Reconozco que es mucho pedir, pero los legisladores venezolanos deberían solicitar al Ministerio de Educación los resultados de la segunda medición del Sistema Nacional de Medición y Evaluación del Aprendizaje (SINEA) realizada en 2003 (el secreto mejor guardado de la administración Chávez), además de revisar el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Sí. Ese que habla de una educación fundamentada en todas las corrientes de pensamiento.

De igual forma, deberían consultar los estudios del Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE) que han confirmado lo que viene siendo una contundente realidad desde hace varias décadas: «que las escuelas oficiales tienen unos resultados muy inferiores a las privadas» y que este «no es un problema exclusivo del Estado ni del gobierno sino un asunto social que debe preocupar y ocupar a toda la sociedad».

Los resultados de la primera medición del SINEA, bajo la administración del Presidente Caldera, no fueron nada alentadores: 36% de los estudiantes de tercer grado no superaron los requisitos mínimos en el área de Lengua, 40% de los estudiantes de noveno grado no logró llegar al mínimo exigido y sólo 9% alcanzó una puntuación satisfactoria. Por su parte, en el área de Matemáticas, el panorama fue mucho más sombrío: 54% de los estudiantes de noveno grado fue reprobado, el 2,9% logró una puntuación elevada y 34,7% de los estudiantes de sexto grado mostró un pobre desempeño.

¿Cuál será el temor de mostrar los resultados de la segunda medición? ¿Corroborar que la educación venezolana es un auténtico fraude? ¿Quedar en evidencia después de varios años en el gobierno? ¿No poder echarle la culpa a nadie? Mejorar la calidad de la educación requiere de un sistemático proceso de medición, unos estándares que permitan comparar la evolución de las políticas educativas y, sobre todo, un talante democrático que facilite administrar las diferencias con razonable flexibilidad.

La actual y confusa discusión de la Ley Orgánica de Educación es una trampa mortal para el futuro de nuestro país. El Partido Socialista Unido de Venezuela, sinónimo de Estado y Gobierno, pretende desagregar su contenido en cuatro leyes especiales: Educación Básica, Educación Superior, Ejercicio de la Profesión Docente y Formación Docente, desconociendo el consenso democrático que se logró en la primera discusión del Proyecto de Ley presentado en 2001.

Son muchos los problemas que hoy en día afectan a los venezolanos, pero si hay uno que merece especial atención es, sin duda, el problema educativo. Aquí nos jugamos el futuro: «Venezuela, democracia y vida» o «Patria, socialismo o muerte».

Foto tomada de http://fotosdechavez.blogspot.com/2009_05_01_archive.html

La OEA no debe convertirse en cómplice

El 5 de julio celebramos la declaración de la independencia de Venezuela.

En 1811 los venezolanos proclamaron su libertad de la Corona de España. Hoy, 198 años después, Venezuela Libre, plataforma de asociaciones civiles, invita al pueblo a proclamar su independencia de la arbitrariedad, del abuso y del despotismo.

El gobierno de Hugo Chávez desconoce e irrespeta la voluntad del pueblo venezolano y se somete a los designios de la dictadura cubana, que lleva ya 50 años en el poder. Los cubanos se ocupan de la identidad de los venezolanos en ONIDEX, de la salud del pueblo en Barrio Adentro y en muchas instituciones asistenciales, de supervisar los centros educativos, de las comunicaciones y hasta de la seguridad del Presidente. Hacemos un llamado a luchar por rescatar nuestra soberanía, a rechazar la intromisión de otros países en Venezuela, a desconocer a los usurpadores del poder designados a dedo y a no dejarse engañar por mensajes populistas que solo buscan controlar a la sociedad y robarle su derecho a pensar y a elegir.

Este 5 de julio firmamos nuevamente por nuestra Libertad, gravemente amenazada por un régimen que por 10 años nos ha llenado de odio, de dolor y de miseria, y que ha sumergido al país en un retroceso lamentable.

Exigimos a la OEA que, con la misma contundencia y diligencia que actuó en Honduras actúe en la defensa de los nuestros, pisoteados por el gobierno central. En este sentido, esperamos una respuesta inmediata a las 4 exigencias del Alcalde Metropolitano, Antonio Ledezma, elegido el 23 de Noviembre por mas de 700.000 venezolanos, pero desconocido e irrespetado por las autoridades gubernamentales que le impiden, de la manera mas descarada, el ejercicio de sus funciones. Hacemos cómplice a la OEA del gobierno venezolano, que ha obligado al Alcalde Ledezma a iniciar una medida extrema -una huelga de hambre– por las constantes y reiteradas violaciones a la Constitución venezolana e irrespeto a la voluntad popular, expresadas en la obstaculización constante del ejercicio de su cargo, desalojándolo de su sede, no asignándole los recursos necesarios y utilizando los medios de comunicación para ofenderlo y descalificarlo públicamente.

En Venezuela no hay autonomía de los poderes públicos, las Fuerzas Armadas actúan indebidamente como un actor político y día a día se viola la Constitución. La OEA lo sabe pero no ha hecho nada en años; hoy le exigimos una respuesta. Renovemos nuestras fuerzas para recuperar la vigencia de nuestra Carta Magna y volver a ser una Venezuela Libre.

Invitación

LEDEZMA / Antonio Pérez Esclarín

Tiene nombre de quijote venezolano. En el sentido positivo de la palabra, como alguien dispuesto a enfrentar todos los peligros, acosos y persecuciones, sin importar las consecuencias personales, en pro de la justicia y la libertad.
Sucedió en el siglo XVII. Los filibusteros del pirata Amyas Preston, desembarcaron en La Guaira y tras saquear la ciudad, emprendieron viaje hacia Caracas, que en aquellos años tenía tan sólo unos seis mil habitantes. Los caraqueños entraron en pánico, y en una reunión que mantuvieron en la hoy plaza Bolívar, tras considerar que sería suicida enfrentar a los piratas, propusieron una huida masiva hacia Oriente. Alegaban que Preston, al ser hombre de mar, no permanecería muchos días lejos de sus barcos y tras saquear Caracas, volvería pronto al puerto. Entonces, ellos podrían regresar y rehacer sus fortunas a base de trabajo. De nada iba a servir si se dejaban matar.

De entre la muchedumbre de caraqueños que asistían a la reunión, brotó una voz anciana pero vigorosa: “¡Caracas no se rinde! Si nuestros jóvenes no salen al encuentro del enemigo, yo tomaré mi caballo y mis armas para enfrentar a los piratas”.

Todos despreciaron sus palabras por considerarlo un viejo loco. Pocas horas después, mientras los caraqueños huían precipitadamente, Alonso Ledezma, montado en su caballo y bien armado con su adarga y lanza, se enrumbaba por el camino de la montaña a enfrentar él solo a los piratas. “Yo les demostraré a esos filibusteros cobardes que en Caracas hay patriotismo e hidalguía”.

Ya atardecía cuando se encontraron Preston y Alonso Ledezma. Cuentan las crónicas que el propio Preston, viendo tanta demostración de heroísmo y nobleza, ordenó a sus hombres que no dispararan contra el anciano y heroico caballero. Ledezma escuchó el perdón pero le sonó a injuria y envalentonado por el desprecio, espoleó al caballo, alzó la lanza, emprendió carrera e hirió a un pirata en el hombro. En varios arcabuces se prendió la pólvora y los disparos acabaron con la vida de este quijote venezolano. Allí quedó tendido, en medio del camino, con los brazos extendidos como queriendo impedir el paso de los piratas. Y cuentan las crónicas que Preston lloró de rabia, emoción y sentimiento. Es que en aquellos tiempos, a pesar de la barbarie, había nobleza de sobra.

He recordado esta historia al enterarme de la quijotada de Antonio Ledezma que se ha declarado en huelga de hambre en defensa de sus derechos pisoteados. Alega que, a pesar de haber sido elegido Alcalde por la mayoría de los caraqueños, con prácticamente tantos votos como los que obtuvo Zelaya en Honduras, el Gobierno nacional, pisoteando la constitución, está quitándole todas sus atribuciones, ha colocado a dedo una autoridad sobre él, y pretende arrinconarlo y dejarlo sin poder alguno. ¡Valiente este nuevo Ledesma, heredero del coraje de su viejo antecesor! Uno podrá estar o no de acuerdo con Ledezma, pero nadie le puede negar su coraje y su valor en defensa de lo que cree es justo y democrático. Algunos, a los que les falta el valor de Ledezma, han pretendido enlodar el acto heroico de Ledezma calificándolo de payasada. Lo mismo hicieron los antiguos caraqueños con el otro Ledezma.

Inteligente Ledezma para elegir la sede de la OEA para su protesta y para reclamar que se le devuelvan sus derechos constitucionales. ¿Qué hará en este caso la OEA? ¿Se apresurará Insulza a volar a Caracas y exigirle al Gobierno que restituya las garantías y el poder que se le ha quitado inconstitucionalmente a Ledezma? ¿Se ofrecerán a acompañarle Cristina Kichner y Correa e invocarán con el mismo vigor la carta de la OEA, en defensa de la democracia y los derechos constitucionales que en un golpe bajo se le pretende quitar a Ledezma y a todos los ciudadanos que votaron por él?